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Pesca y agricultura se revuelven contra el impuesto de la UE a sus carburantes

Somos Mar REDACCIÓN / LA VOZ

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CARMELA QUEIJEIRO

Cinco organizaciones reclaman que se retire la tasa de 0,036 euros por litro

03 jun 2024 . Actualizado a las 10:13 h.

A los pescadores y a los agricultores también les va la vida en el cambio climático. Comparten, por tanto, los objetivos de descarbonización de una Unión Europea (UE) erigida en paladín mundial de la biodiversidad. Al competir dentro y fuera de los Veintisiete con productos de países terceros con menores exigencias medioambientales y socioeconómicas, apelan a los Estados y a las autoridades europeas pidiendo amparo. Por su propia subsistencia y porque son proveedores de alimentos para unos ciudadanos europeos que dependen del exterior para siete de cada diez pescados que consumen. Además de advertir de las consecuencias socioeconómicas para los Veintisiete, se revuelven contra el nuevo impuesto, de 0,036 euros por cada litro de los carburantes fósiles, aún imprescindibles en la pesca.

Daniel Voces, director general de la patronal comunitaria Europêche, confirma que ese sería el nuevo gravamen, «que puede parecer poco, pero cuando se consumen 100.000 litros, la cosa cambia». En su propuesta de revisar la fiscalidad energética, la Comisión Europea se marca como meta «promover tecnologías limpias y eliminar exenciones obsoletas que actualmente fomentan el uso de combustibles fósiles». Aun así, en el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios se barajan opciones para una transición justa, adaptada a la realidad de una flota pesquera que, de momento, carece de alternativas viables al gasoil.

Eso no significa que en la recta final de sus mandatos las autoridades comunitarias no sigan adelante con la hoja de ruta trazada en el Pacto Verde. En el 2030 pretenden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 55 % respecto a 1990, iniciativa bautizada como Fit for 55. Y para acelerar la transición hacia las renovables, a punto de concluir mandato ultimaban un gravamen fiscal que comenzaría aplicarse en el 2026. Pero el tiempo juega en su contra y todo apunta a que la decisión competería al nuevo ejecutivo de la UE.

«Medida punitiva»

«No servirían como un incentivo, sino más bien como una medida punitiva para un sector que ya ha alcanzado el objetivo del Pacto Verde y está lidiando con los desafíos geopolíticos y socioeconómicos en Europa», alertan, en una comunicación dirigida a las autoridades de los Estado miembros y a los legisladores de la UE, tres organizaciones pesqueras, una de agricultores y una federación sindical.

Por una parte, porque los carburantes pueden alcanzar hasta el 40 % de los costes de una flota, como la de los Veintisiete, que entre 1990 y el 2021 ha rebajado «un 52 %» sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora representan «el 0,01 %» de las generadas por el hombre en el mundo, pues la imparable pérdida de barcos reduce el consumo de combustible, y los que resisten son más eficientes.

Gravar el carburante «exacerbaría aún más los desafíos socioeconómicos» de un sector tan asfixiado que por la UE proliferan las peticiones de ayudas al desguace. Armadores de todos los segmentos renuncian a continuar porque a los problemas endémicos de la pesca se suman el «aumento de los parques eólicos marinos, los cierres de zonas en el mar, los problemas con los países vecinos y la inviabilidad de las regulaciones de la UE», explican en la misiva oficial.

«Tragedia absoluta»

Nuevos impuestos al gasoil «solo contribuirían a la tragedia absoluta» de la imparable pérdida de flota, colocando a la pesca comunitaria «en desventaja competitiva frente a otros países con precios e impuestos más bajos». Incluso daría lugar «a un trato injusto entre territorios» porque los barcos más grandes optarían por repostar fuera de la UE, buscando «precios más bajos».

Tocaría directamente a la soberanía alimentaria de los Veintisiete, «agravando la dependencia de los productos del mar importados». También a los bolsillos de los consumidores, porque «se verán sin duda afectados», el pescado les saldría más caro.

Sin alternativas viables al gasoil y políticas que restringen la descarbonización

«Hasta que estén disponibles comercialmente nuevas tecnologías de combustible y propulsión, y el marco legislativo permita su instalación y uso», pesca, agricultura y sindicatos reivindican adaptar los objetivos políticos a la realidad, dejando a la pesca fuera de la reforma de la directiva sobre fiscalidad energética.

Por si fuese poco, la política pesquera común «restringe» la descarbonización. En la flota requiere de más espacio a bordo y, por tanto, barcos más grandes, pero ese aumento de tamaño lo limita la Comisión porque aún considera que conlleva una mayor capacidad de pesca. Además, «está claro que no existen alternativas energéticas realistas para la industria pesquera», recalcan pescadores y agricultores.

Colectivos

Cuando la revisión de la fiscalidad energética entra en su recta final y las actuales autoridades «se esfuerzan por finalizarla» con todos esos argumentos, se encomiendan a los gobernantes de la UE y de los Estado miembros las patronales Europêche (Asociación de las Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras de la UE), EAPO (Asociación Europea de Organizaciones de Productores de Pescado), AIPCE-CEP (Asociación de Procesadores y Comercializadores de Pescado de la UE-Federación Europea de Organizaciones Nacionales de Importadores y Exportadores de Pescado) y Cogeca-Copa (Comité de Organizaciones Profesionales de Agricultores de la UE-Confederación General de Cooperativas Agrarias de la UE), junto al sindicato Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF).