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España insta a vigilar si la extensión al transporte marítimo de los derechos de emisión provocan desvíos en las rutas

Somos Mar REDACCIÓN / LA VOZ

SOMOS MAR

MARTINA MISER

El ministro Óscar Puente alerta de que riesgos de fuga de carbono, merma de competitividad portuaria y pérdida de soberanía comercial de la UE si el tráfico se va a otros puertos vecinos para eludir los costes

05 abr 2024 . Actualizado a las 04:45 h.

De nuevo el afán por alcanzar cuanto antes la neutralidad carbónica podría jugar en contra de la economía de la Unión Europea. La extensión del régimen de comercio de derechos de emisiones (ETS) al transporte marítimo podría jugar en contra de los puertos comunitarios si no se ponen sobre la mesa para garantizar un terreno de juego igualitario. Así lo expuso ayer el ministro español de Transportes, Óscar Puente, en un encuentro celebrado en Bruselas con representantes de los Estados miembros y solicitado por el Gobierno español.

 En esa cumbre, Puente ha defendido que se establezcan mecanismos de vigilancia de los efectos de la directiva puesta en marcha el pasado 1 de enero, ante el impacto que esta pudiera tener sobre el transporte marítimo y la actividad de los puertos europeos. Asimismo, ha presentado a sus homólogos europeos una declaración para solicitar activar una serie de medidas dirigidas a vigilar las posibles consecuencias de la extensión del sistema de derechos de emisión, como, por ejemplo, los desvíos de rutas.

Al entender del ministro español existen riesgos «de fuga de carbono, pérdida de competitividad portuaria y de control sobre la soberanía comercial de la UE, debido al desvío del tráfico marítimo a puertos vecinos no europeos para evitar los costes de los ETS».

En la reunión han participado 17 socios de la Unión Europea: España, Chipre, Finlandia, Malta, Italia, Croacia, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Francia, Portugal, Suecia, Rumanía, Eslovenia, Países Bajos y Grecia.

Propuesta española

A ese foro, España llevó una declaración que plantea la necesidad de ampliar el alcance del mecanismo de revisión previsto por la directiva, monitorizando no solo las alteraciones del tráfico, sino también las probabilidades de desvío de este, además de activar medidas preventivas cuando exista una amenaza inminente de cambios de ruta.

El texto, según el ministerio de Transportes, recoge las peticiones expresadas tanto por los países de la zona mediterránea como por el propio sector portuario. Entre otras cuestiones, la declaración solicita una evaluación de riesgos en el mecanismo de seguimiento para poder anticipar posibles desvíos de ruta, al tiempo que insta a la Comisión a diseñar medidas que se aplicarían en caso de desvíos de ruta, con el objetivo de enviar una señal clara al mercado.

Otro punto de la propuesta española pasa por establecer una red de puntos focales nacionales para intercambiar información sobre el análisis y seguimiento a nivel nacional de la aplicación de la directiva al sector marítimo, para compartir periódicamente esta información con la Comisión Europea.

La reunión se encuadró en el marco del Consejo de Ministros informal de Transportes de la Unión Europea, que se celebró ayer y anteayer.