Las pescaderías acuerdan unirse, con el resto de la cadena, a las movilizaciones que ha iniciado el campo

El sector de las pescaderías tradicionales ha decidido unirse de forma organizada a las movilizaciones que han emprendido las organizaciones agrícolas, informó Fedepesca, la patronal de ese sector, en un comunicado tras la celebración de una junta directiva urgente.

Que entendían y compartían sus protestas ya lo habían manifestado hace dos semanas junto a los representantes de la pesca y de la acuicultura (Cepesca, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y Apromar). A fin de cuentas, sus reivindicaciones son muy similares a las del otro sector con el que comparte la etiqueta de primario. Tras mantener un contacto permanente con las organizaciones agrarias, Fedepesca ha decidido sumarse a las actuaciones que decidan el resto de la cadena para actuar unidos para denunciar las «exigencias desmedidas» que han dejado, al menos a este último eslabón de la cadena mar-industria, en situación de extrema vulnerabilidad, «por la imposibilidad de rentabilizar sus negocios en las condiciones actuales de burocratización de la sostenibilidad, aumento de las cargas legislativas, subidas de coste generalizados, al tiempo que se compite en el mercado con productos procedentes de terceros países que no se encuentran sometidos a las mismas exigencias».

En toda la cadena de la pesca y la acuicultura existe un «malestar generalizado» por unas políticas europeas «cada vez más alejadas de la realidad, que están llevando a la pesca, la acuicultura y el comercio especializado de alimentación comunitarios a una pérdida sin precedentes de su capacidad competitiva y, consecuentemente, a poner en riesgo la soberanía alimentaria de Europa, cada vez de manera más evidente».

En el caso concreto de las pescaderías, Fedepesca recuerda que se trata de negocios regentados mayoritariamente por autónomos que tejen «una red única en el mundo» que ha contribuido en buena medida a que los españoles sean grandes consumidores de productos pesqueros. Sin embargo, están en retroceso. Quedaban en el 2021 9.939 de los 12.632 que había en el 2007. Y el empleo ha caído un 30 %.

La actividad se ha burocratizado tanto que se está produciendo un choque entre la «economía de los papeles» y la «economía real y productiva», dicen desde Fedepesca. Tampoco a nivel nacional la normativa es más indulgente, pues se aprueban normas «en las que no se recogen las especificidades de las microempresas, y se las someten a las mismas exigencias que a otros formatos de la gran distribución, siendo imposible que puedan cumplir las mismas exigencias de papeleos». Como ejemplo citan el real decreto de Envases, aprobado en diciembre, y que asimila a los pequeños comerciantes con productores de envases y les obliga a inscribirse en un registro de productores de envases, exclusivamente de forma telemática y con la solicitud de una información técnica imposible de entender para un pequeño comerciante. Todo eso, «sin posibilidad de haberse defendido porque en los borradores de la norma se nos exoneraba y apareció publicado por sorpresa y sin que se pueda hablar con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para buscar una solución». Eso sí, «la sanción mínima por incumplimiento de esta formalidad es de mínimo de 2.001 euros, pudiendo llegar a 100.000», recalcan.

En cuanto a la Ley de la Cadena Alimentaria, esta establece que los operadores que realicen la venta final de alimentos o productos alimenticios no podrán aplicar ni ofertar un precio de venta al público inferior al precio real de adquisición del mismo, pero «desgraciadamente para un producto tan perecedero es imposible demostrar si se venden a pérdidas o con beneficio cero para atraer al cliente a la tienda, banalizando su valor real». Las pescaderías tradicionales «solo pueden sobrevivir con un precio que garantice la rentabilidad del negocio, la viabilidad de la cadena pesquera y la justa retribución del trabajo del autónomo», señalan.

Minoristas

Fedepesca denuncia que se trata a estos negocios pequeños como si fueran gran distribución, cuando su poder de negociación con los proveedores es muy limitado. «El proveedor suele tener un mayor tamaño que los compradores, fijando las condiciones, en un mercado en el que no existen precios fijos, dependiendo de la oferta de y de la demanda, de la situación meteorológica y de muchas otras circunstancias que varían cada día». Así, se da la paradoja de que «un minorista que compre en lonja no tendrá que formalizar contrato por escrito, ya que se han exonerado la obligación de firmar contratos en las compras por subasta a la baja, y un pequeño pescadero que compre en a un mayorista, sí, mientras que un restaurante que compre en ese mismo mayorista y tenga un volumen de facturación inferior a 10 millones de euros, no». Aparte de que esta ley tampoco define «qué se entiende por contado y se presupone culpabilidad al distribuidor».

No se quedan ahí las exigencias. A los pescaderos se les obliga a verificar los instrumentos de pesaje cada dos años, aunque la báscula sea nueva, cuando la misma Ley de Metrología establece que para los vehículos la primera revisión sea a los 4 años, cuando se trata de garantizar la seguridad de las personas.

«La lista es interminable». Suma y sigue, pues actualmente en la Comisión Europea se debaten nuevas exigencias en la información al consumidor final o de carácter ambiental derivado del Pacto Verde Europeo, «que seguirán incrementando la maraña legislativa, aumentando los costes, limitando la producción europea en los mercados, reduciendo la variedad de especies y sin conseguir que el consumo se desplace a los productos con mayores garantías y más sostenibles medioambiental, social y económicamente porque serán necesariamente más caros».

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