El Gobierno descarga en los técnicos la responsabilidad de desobedecer al juez que investiga el naufragio del Villa de Pitanxo

El Ministerio de Transportes ha descargado de nuevo en la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) la responsabilidad de haber ordenado zarpar la expedición destinada a localizar e inspeccionar el pecio del Villa de Pitanxo en Canadá sin haber informado a la Audiencia Nacional hasta pocas horas antes de su salida y sin atender el requerimiento del magistrado de que la fecha de salida la tenía que fijar el Juzgado Central número 2, que lleva la causa que se instruye contra el patrón y la armadora del pesquero por 21 supuestos delitos de homicidio y contra la seguridad de los trabajadores. Es más, se lava las manos señalando que desde esos despachos se trasladaron a la Ciaim los oficios que emitió la Audiencia Nacional.

Tras la severa reprimenda que el magistrado hizo en una providencia al Ejecutivo y a la Ciaim por no haber atendido su oficio, el Gobierno explica que «ha cumplido con todos los requerimientos de información que ha emitido el juzgado, aportando toda la información solicitada» y subraya que, «como no podía ser de otra forma, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hay total disposición a la colaboración máxima con la Justicia».

Ahora bien, aclara que el papel que le correspondía en el proceso para la contratación de las labores de investigación del naufragio del Villa de Pitanxo se limitó al de «poner los medios, económicos y materiales, y realizar la tramitación administrativa correspondiente para llevar a cabo el encargo que le hace la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimo (CIAIM) y en los términos que la CIAIM determinaba». Añade que «toda esa información ha sido remitida al juzgado en los distintos requerimientos recibidos». El juez, en la providencia emitida el lunes, reclama el justificante de ese envío que desde Transportes aseguraron haberle remitido el día 10, dos días después de que el magistrado Ismael Moreno enviase su oficio.

«Tanto la elaboración de los pliegos, como la gestión de la ejecución del contrato y la coordinación con el juzgado relacionada con la citada investigación no le corresponde al ministerio, que debe mantenerse al margen por la propia independencia que tiene respecto de las actuaciones de la Ciaim». Porque, como aclara el departamento de Raquel Sánchez, la comisión de investigación técnica es «un órgano colegiado que, aunque está adscrito orgánicamente a Transportes por carecer de personalidad jurídica propia, goza de plena autonomía funcional en el ejercicio de sus funciones de investigación técnica de los accidentes e incidentes marítimos». Es más, desde el ministerio también han trasladado al juez que «está prohibido legalmente, de acuerdo con lo establecido en el Derecho comunitario y en los tratados internacionales suscritos, que las autoridades administrativas en materia marítima o portuaria y el Ministerio de Transportes pueda darle cualquier instrucción al respecto».

Es decir, que una vez firmado el contrato, si el Ártabro puso proa a Canadá, con cuántos peritos y el calendario de actuaciones ya es cosa de la que debe dar cuenta la Ciaim , que ayer no respondió a la consulta remitida por este periódico. 

Por su parte, los familiares de las 21 víctimas del naufragio, ocurrido en febrero del 2022, reprocharon que las explicaciones que ofreció el Ministerio de Transportes llegasen a los medios y no al colectivo, que ni siquiera ha recibido notificación de que el barco ha zarpado ya hacia Canadá. Matizan, además, la cuestión la independencia funcional, pues lo cierto es que «los cargos de la Ciaim son de libre designación» por el responsable de Transportes.

Explican, asimismo, que lo que temen es que queden invalidadas las pruebas que se puedan recoger por no haber observado las indicaciones del juzgado y relevan que al parecer el ministerio sí envió el 10 la documentación requerida por el juez, pero lo hizo a través de correo certificado con acuse de recibo que el magistrado no tuvo en sus manos hasta el 17. Todo un despropósito cuando hay medios para atender un oficio que ponía «urgentemente», subrayó la portavoz, María José de Pazo.

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