La Audiencia Nacional deja seguir la expedición al Villa de Pitanxo pero exige explicaciones al Gobierno por desobedecer al juzgado
SOMOS MAR
Recuerda a Transportes y a la investigación técnica que les avisó en dos ocasiones de que la fecha la tenía que decidir el juez, exige al Gobierno pruebas de que mandó los documentos que le requirió y exige que se le detalle minuciosamente la operación
23 may 2023 . Actualizado a las 12:11 h.No ha llegado al extremo de hacer regresar al buque Ártabro a Vigo, como pedían los familiares y algunas voces políticas, pero el magistrado del Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha emitido una dura providencia en la que recrimina al Gobierno y a la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) que desobedecieran sus órdenes, al mandar zarpar hacia Canadá la misión para buscar el pecio del pesquero Villa de Pitanxo sin convenir la fecha con el juzgado, como le había sido requerido. Sugiere, además, un engaño por parte del Ministerio de Transportes, pues asegura no haber recibido la información que la Audiencia Nacional le requirió el 8 de mayo y que fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia aseguraron que le fue remitida el día 10. Pide pruebas de que se atendió ese escrito.
En el oficio del 8 de mayo, el juez, atendiendo la petición de la Fiscalía, reclamaba toda la documentación de la licitación del servicio de búsqueda e inspección del Villa de Pitanxo para que el juzgado pudiese concertar con la empresa adjudicataria las fechas de la expedición y asegurarse de que esta se ajustaba a las necesidades de la Audiencia Nacional, que investiga los 21 supuestos delitos de homicidio por imprudencia y otros tantos contra la seguridad de los trabajadores. Entre ellas estaba la participación de los peritos judiciales designados y, de así aprobarlo, otros de parte. El escrito especificaba, además, que sería el juzgado, «con audiencia de todas las partes», el que determinase «tanto las fechas de realización, como la forma y peritos intervinientes».
Pero la expedición zarpó sin que la Audiencia Nacional lo fijase en el calendario. El único conocimiento que tuvo del inicio fue un correo electrónico remitido por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), adscrita al Ministerio de Transportes a las 21.27 horas del día 16 informando de que se había firmado el contrato con la empresa adjudicataria y que el buque zarparía el día 17. La respuesta del juez fue reiterar el oficio del 8 de mayo, que envió de nuevo a Transportes y a la Fiscalía.
Desobediencia
El magistrado no sabe, por tanto, cuántos peritos van a bordo, ni siquiera si va alguno, cuál es el itinerario, qué fechas manejan para realizar los trabajos... Y quiere saberlo. Igual que el Ministerio Fiscal. Así es que a través de una providencia exige explicaciones de por qué no se ha cumplido lo ordenado en el oficio —a pesar de haber sido reiterado, apostilla— y el buque ha zarpado «al parecer con un solo perito judicial y sin expresa autorización de este juzgado», prescindiendo además «total y absolutamente de cuantos extremos y circunstancias se reseñaban en el oficio». Las razones de por qué «no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en las instrucciones claras y precisas» se piden tanto a quien esté al frente de la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera del Ministerio de Transportes, como al máximo responsable de la Ciaim. Y, de paso, que comuniquen también si el buque efectivamente ha partido, si a bordo se encuentra alguno de los peritos judiciales designados, itinerario, fechas de realización de los trabajos contratados, así como las medidas adoptadas para «garantizar la presencia física de los dos peritos judiciales para la práctica de la pericia judicial acordada», pues estos serán «quienes deben emitir el correspondiente informe y presentarlo ante el juzgado.
Los familiares de los 21 fallecidos en el naufragio del pesquero del Grupo Nores ocurrido en febrero del 2022 han aplaudido la providencia del juez, que confirma punto por punto sus denuncias de que se estaba desobedeciendo a la Audiencia Nacional y saca los colores al Gobierno y a la Ciaim, pues pide pruebas de que han enviado la documentación que aseguraron haber mandado dos días después del oficio. «Esperamos que isto sexa un punto de inflexión e que empecen a colaborar e obedecer a quen dirixe esta investigación; non é unha broma perder unha proba», sentenció ayer la portavoz de los afectados, María José de Pazo, que exige también una aclaración a las familias por parte del Gobierno.
Transportes, por su parte, hizo saber que ya está preparando la respuesta a la Audiencia Nacional y recabando las pruebas de que atendió el oficio del 8 de mayo. Pero desvinculó a su departamento de la orden de zarpar la misión. Esta, dice, partió de la Ciaim, que es independiente del ministerio, por más que esté adscrita a él. Por tanto, es ese órgano el que debe dar las explicaciones, al que, apuntan desde Transportes, se le enviaron los requerimientos del juez.