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El Gobierno montó la expedición al Villa de Pitanxo a espaldas del juez que la ordenó

E. Abuín, J. Romero

SOMOS MAR

M.MORALEJO

Alertado por la Fiscalía, el magistrado que lleva el caso emite un oficio exigiendo a Transportes toda la información sobre la misma e informando de que será su juzgado el que decidirá las fechas de la operación

12 may 2023 . Actualizado a las 23:17 h.

En Vigo, la empresa ACSM ya tiene todo dispuesto para la misión que se ha adjudicado: viajar hasta Canadá para localizar el pecio del pesquero Villa de Pitanxo, del grupo Nores, que se hundió a 250 millas de Terranova el 15 de febrero del 2021 cobrándose la vida de 21 personas. Aunque es el Ministerio de Transportes el que envía esa expedición, esta fue ordenada por el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional. Su responsable, el juez Ismael Moreno, después de sondear la conveniencia de comprobar el estado del pesquero para dirimir el caso que lleva —la acusación contra el patrón del barco y la armadora de 21 delitos por imprudencia grave y otros tantos contra la seguridad de los trabajadores—, instó al Ejecutivo a ponerla en marcha y a llevar a uno de los dos peritos judiciales —si no a los dos— aparte de los que quisiese la parte técnica de la indagación, a manos de Comisión de Investigación de Incidentes y Accidentes Marítimos (Ciaim) nombradas peritos judiciales.

Y el Gobierno obedeció en lo tocante a sacar a concurso la misión al Villa de Pitanxo. Pero hizo caso omiso de la parte que le obligaba a tener informado en todo momento a la Audiencia Nacional de los pasos que se iban dando. Hasta el punto de que la Fiscalía llegó a temer que la expedición zarpase sin embarcar a los peritos judiciales, puesto que los técnicos desconocían las fechas cuando, si tienen que ir en la misión, «es obvio» que deben negociarse con ellos.

Así se lo hizo saber el fiscal al magistrado a través de un escrito: «Sorprende que se desarrolle una actuación en el plano administrativo a espaldas de la intervención judicial cuando aquella se ha efectuado precisamente merced a la resolución de este Juzgado al que, por el contrario, no le consta absolutamente nada del desarrollo de las gestiones que se han encomendado». Por eso pide al magistrado a que se requiera al responsable de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que llevó la adjudicación del contrato a que, a la mayor brevedad, informe y aporte la documentación relativa a la misma «al objeto de que por el Juzgado se concierte con la empresa adjudicataria las fechas en las que se va a desarrollar la operación conforme a las necesidades y posibilidades concernientes a aspectos tanto materiales como judiciales, entre los que destaca la participación o intervención de los peritos designados judicialmente y de parte».

Azuza además a Moreno para que diga al Ejecutivo que es el juzgado, «con audiencia de todos los interesados como se determine tanto las fechas de su realización como la forma y peritos intervinientes».

Y enseguida llegó el golpe en la mesa del juez de la Audiencia Nacional. Este, a través de una providencia, ordena a Transportes, a facilitar toda la documentación relativa a la adjudicación del contrato sobre la búsqueda, localización e inspección del Villa de Pitanxo para que «el Juzgado se concierte con la empresa adjudicataria las fechas en las que se va a desarrollar la operación» para evaluar si cumple los requisitos y fijar la intervención de los peritos judiciales designados, los que quiera mandar la Ciaim y, si así se acordase, «otros peritos que pudieran interesar las partes en este procedimiento».

Esto último es una cuestión aparte que el juez decidirá en el momento procesal oportuno.

El Ministerio de Transportes planeó zarpar este mes a Terranova sin firmar aún el contrato con la adjudicataria

El buque Artabro tenía previsto zarpar a Terranova este mes —algunas fuentes apuntan a la próxima semana— sin que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hubiera firmado el contrato de adjudicación con la empresa designada para analizar el casco del Villa de Pitanxo. La Delegación del Gobierno en Galicia confirmó ayer, tras denunciarlo por la mañana los familiares de los 21 fallecidos en el naufragio, que el contrato no se había formalizado con la firma de las partes pese a llevar semanas aprobada la adjudicación a la empresa ACSM. Asimismo añadió que se suscribirá «en los próximos días».

Los allegados de los tripulantes fallecidos tampoco entienden, y denuncian, «la falta de agilidad burocrática y sensibilidad hacia los 21 muertos en el naufragio», ni que se organizara la expedición para zarpar de manera inmediata sin que ese trámite se notificara a la Audiencia Nacional, única promotora de la expedición para aportar luz a la investigación penal abierta en el Juzgado Central número 2 del tribunal.

La Delegación del Gobierno, ahora encabezada por José Ramón Besteiro, añade que «una vez firmado el contrato, por parte del Ministerio de Transportes, la misión podrá dar comienzo lo antes posible», pero no aporta plazos concretos. Confirma, además, que el departamento de Raquel Sánchez ya ha dado traslado de la documentación exigida por la Audiencia Nacional, a la que no había tenido al tanto de los avances en la organización del viaje con la firma adjudicataria.

Un mes de duración

El Gobierno de España mantiene la previsión ya anunciada hace meses de que la expedición para sumergir un robot que analice el casco del Villa de Pitanxo tendrá una duración máxima de cuatro semanas.

Los familiares de los 21 fallecidos en el naufragio en aguas de Terranova revelaron ayer la solicitud de una reunión con el delegado del Gobierno en Galicia. El objetivo es reconducir la situación tras la mala relación entre ellos y el delegado saliente, José Manuel Miñones, ahora ministro de Sanidad. Las familias, entre otros argumentos para solicitar la reunión, exponen que después de un año y cuatro meses, no tienen un interlocutor interministerial que les informe.

La Delegación del Gobierno en la comunidad confirmó ayer que ese encuentro tendrá lugar «en cuanto sea posible».