Patrocinado porPatrocinado por

Transición Ecológica dice que con la quenlla no habrá el atasco del marraxo

e. abuín REDACCIÓN / LA VOZ

SOMOS MAR

Diego Delso

A partir de noviembre, el escualo deberá venderse con el certificado CITES

24 abr 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

En diciembre del 2019 las partes contratantes de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) decidieron incluir al marraxo dientuso (Isurus oxyrinchus) en el apéndice II, que incluye las especies amenazadas cuyo comercio internacional debe controlarse. Comenzó entonces un calvario para la flota de palangre de superficie gallega, que vio cómo la burocracia dejaba bloqueadas cientos de toneladas de pescado en bodegas de barcos y empresas frigoríficas por no disponer del certificado que su venta requiere en cuanto se escribe su nombre en esa parte de la lista, que no llega a ser roja, pero sí amarilla, de precaución.

A base de tropezones y alguna que otra demanda judicial —que todavía está pendiente de resolver—, flota y Administración fueron ajustando capturas y documentos hasta más o menos normalizar la situación. Que ahora la quenlla (Prionace glauca), solo por un supuesto parecido razonable con otros escualos que sí están en la lista roja haya seguido el mismo camino que el marraxo, tiene al palangre de superficie de los nervios. Temen que la también conocida como tintorera acabe en el limbo del frigorífico a partir de noviembre, que es cuando la especie debe de ir acompañada del certificado CITES para su venta. Y es que la quenlla, también cazón, aunque no es la principal fuente de ingresos de la flota, sí es la primera especie por volumen. Entre un 60 o 70% de las capturas son de Prionace glauca.

La inquietud, por tanto, está más que justificada. Y se hizo ver en el congreso que la interprofesional Interfish organizó hace unas semanas en Vigo, donde Emilio Martínez, presidente de Anecteam, la asociación de empresas comercializadoras y transformadoras de especies altamente migratorias, no ocultó su malestar por haberse enzarzado en la discusión de si Noruega practica o no pesca sostenible en lugar de acribillar a preguntas a María Jesús Rodríguez de Sancho, directora general de Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, porque es la Administración la que debe expedir ese documento CITES. ¿Están preparados para la emisión de los certificados? ¿Qué criterios científicos seguirán? ¿Hay capacidad material para emitir los documentos? ¿Se repetirán los problemas que hubo con el dientuso? «No, no tendremos los mismos problemas porque hemos aprendido mucho con el marraxo», contestó Rodríguez de Sancho a preguntas de este periódico. ¿Ni aunque la quenlla suponga casi el doble de capturas? «No importa el volumen, lo que importa son los permisos para los buques, y la flota es la que es», abundó.

Lo que es irremediable es acompañar la quenlla del certificado. «España ha ratificado el convenio CITES y, por tanto, tiene valor de ley», dijo De Sancho, quien recordó que se incluyó con el apoyo de dos tercios de los votos en una organización donde, admitió, simplemente se adoptan decisiones en base a criterios biológicos y no se miden las consecuencias socioeconómicas. Por tanto, el comercio de quenlla requerirá el permiso CITES y tendrá que entrar por puertos CITES. Además de realizar ese dictamen de extracción no perjudicial, el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) tendrá que analizar cuál es la mortalidad máxima que puede soportar el stock, un informe, dijo, «obligatorio» por más que esté en la lista por su parecido con otras especies y no por su situación biológica que, según certifica la ICCAT (Comisión para la Conservación del Atún Atlántico), no está sobreexplotado.

Precisamente eso es lo que lleva a la directora general a ser optimista y que el cupo global que fijen los científicos sea mayor que lo que se captura, con lo que el certificado de extracción no perjudicial será automático.

La Xunta pone la mano en el fuego por que su palangre de superficie no hace «finning»

La flota europea, que es casi como decir la gallega, no hace finning; esto es, pescar tiburón, quedarse con la aleta y tirar el cuerpo. No tiene sentido hacerlo porque aprovecha todo el tiburón: las aletas y también el cuerpo. Tanto es así, que las extremidades suponen apenas el 40% de los ingresos, frente al 60% que pesan las carcasas de los escualos que capturan. Además, esa práctica supondría tirar por tierra las inversiones que las empresas armadoras han hecho para acatar la normativa antifinning que tiene que seguir la flota comunitaria. Solo la comunitaria, por cierto. Así de tajante se mostró la conselleira de Mar, Rosa Quintana, en el congreso que Interfish organizó para analizar la Sostenibilidad de la Pesquería de Palangre de Superficie. Puso la mano en el fuego por un segmento de flota que tiene en Galicia su máximo exponente. Por eso mostró su abierto rechazo a la iniciativa ciudadana Stop Finning, Stop Trade, que busca prohibir el comercio de aletas de tiburón, añadiendo así un nuevo problema a una flota que se ha visto privada de capturar marrajo en el Atlántico (primero en el norte y después en el sur), que tiene límites para comercializar el de otros océanos y que ahora se ve en el brete de tener que acompañar sus desembarcos de quenlla de un certificado CITES. Lo que necesita es «equidade», tener las mismas reglas de juego que otros y, sobre todo «seguridade xurídica», dijo.