Pactan proteger el 30 % del océano en el 2030 y realizar estudios de impacto ambiental para las actividades que pretendan desarrollarse más allá de las 200 millas
07 mar 2023 . Actualizado a las 12:55 h.Los países de la ONU han alcanzado este sábado un acuerdo para establecer un tratado que proteja la alta mar, un instrumento jurídico vinculante (conocido como BBNJ, siglas en inglés de Biodiversidad Marina de Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional), que se negociaba desde hace 15 años y que expertos y sobre todo las organizaciones ecologistas consideran vital para salvar los océanos.
El consenso llegó tras una maratoniana ronda de negociaciones que arrancó el pasado 20 de febrero y que tenía previsto su cierre para este viernes, pero que continuó durante toda la noche y la jornada del sábado, con más de 35 horas seguidas de discusiones, para limar las últimas diferencias.
Entre otras cosas, el texto sienta las bases para el establecimiento de zonas marinas protegidas, lo que debe facilitar que se cumpla la promesa internacional de salvaguardar al menos el 30 % de los océanos para el año 2030.
«El barco ha llegado a la costa», anunció la presidenta de las negociaciones, una agotada Rena Lee, para confirmar que finalmente había un consenso sobre el documento, una noticia recibida con una gran ovación por las delegaciones reunidas en la sede de Naciones Unidas.
La adopción formal del tratado, sin embargo, tendrá que esperar algo más, hasta que un grupo de técnicos garantice la uniformidad de los términos utilizados en él y se traduzca a los seis idiomas oficiales de la ONU, según acordaron los países.
Algunos, entre ellos Rusia, dejaron sin embargo la puerta abierta a reabrir alguna cuestión debido a que no habían podido revisar con detalle algunos puntos por las duras condiciones de las horas finales de la negociación y el hecho de que algunos de sus expertos ya habían dejado Nueva York.
Pacto histórico
«Hoy el mundo se ha unido para proteger el océano en beneficio de nuestros hijos y nietos», ha dicho Mónica Medina, subsecretaria de Estado, tras la intervención de Lee. «Nos vamos de aquí con la capacidad de crear áreas protegidas en alta mar y lograr la ambiciosa meta de conservar el 30 % del océano para el 2030». Lo de día histórico lo repitió también Pilar Marcos, responsable de Océanos en la delegación de Greenpeace en Naciones Unidas, que destacó el papel de España como actor clave para conseguir un acuerdo que tuvo entre sus principales valedores a la UE, EE.UU., el Reino Unido, y China.
El tratado permitirá a la ONU adoptar medidas de conservación y uso sostenible, así como la realización de estudios de impacto ambiental en los espacios marítimos más allá de las zonas económicas exclusivas (ZEE) y las plataformas continentales de los Estados, según esgrime Naciones Unidas en un comunicado. También obligará a realizar evaluaciones de impacto medioambiental de las actividades propuestas por los Estados en alta mar, además de que fomentará la creación de áreas marinas protegidas.
El texto debe ser ahora adoptado, firmado y ratificado por suficientes países, para que después, probablemente, se requiera su aprobación legislativa en la Asamblea General de la ONU.
El nuevo tratado se establecerá en el marco de la ya existente Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y busca «asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional».
Negociaciones complicadas
Entre los asuntos que solo lograron resolverse a última hora destacó la fractura norte y sur sobre cómo compartir los beneficios del mar, especialmente todo lo relativo a los recursos genéticos marinos -especies que pueden proporcionar genes patentables en el futuro, por ejemplo para su uso en medicina-. En esa cuestión chocaban los intereses de algunos países ricos, que son los que tienen más capacidad para aprovechar esos avances, y los del mundo en vías de desarrollo, que teme verse excluidos.
Las organizaciones ecologistas, muy presentes en todo el proceso, han presionado a los Gobiernos para cerrar un tratado sólido y ambicioso, que ven como una oportunidad única de proteger los océanos. «Los Gobiernos y la sociedad civil deben asegurar ahora que el acuerdo se adopta y entra en vigor rápidamente y que sea implementado de forma efectiva para salvaguardar la biodiversidad en alta mar», señaló en un comunicado Liz Karan, directora de la campaña para los océanos de la organización Pew Charitable Trusts.
Las claves del acuerdo, de los recursos genéticos a la exploración
El tratado de conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina fuera de áreas bajo jurisdicción nacional, un espacio que ocupa más del 60 % del océano, regulará por primera vez una serie de aspectos a nivel mundial para frenar su declive. En esas áreas, que hasta ahora no estaban sujetas a regulación, cualquier país podía hacer prácticamente lo que quisiera (a excepción de la pesca), pero a partir de ahora eso cambiará en algunos aspectos.
Las claves del acuerdo son las siguientes:
-¿Cuál es el origen?
Se trata de un acuerdo que nace después de 17 largos años de negociaciones de los países de Naciones Unidas. El acuerdo permitirá poner en marcha áreas marinas protegidas en aguas internacionales y proteger la biodiversidad marina, cumpliendo el objetivo de protección de al menos el 30 % del océano para el año 2030, que es el mínimo según recuerdan los científicos en Science Media Centre (SMC) España, para revertir la dramática pérdida de biodiversidad marina.
-¿Qué pretende regular este histórico acuerdo?
El tratado se divide en cuatro secciones principales y establece, por primera vez, mecanismos para la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales a modo de santuarios oceánicos. Entre otros aspectos, se regularán los recursos genéticos marinos, que cada vez tienen una mayor importancia respecto a avances en medicina, alimentación, etcétera. Asimismo, la gestión y protección de áreas marinas necesarias para alcanzar el objetivo de protección del 30 % del océano para el 2030 y contribuir a conservar la biodiversidad y detener su pérdida, así como luchar contra la crisis climática.
También instaura la realización de evaluaciones de impacto ambiental, necesarias para multitud de actividades crecientes, como la instalación de energías renovables, explotaciones mineras o instalación de cables submarinos. Además, la creación y transferencia de tecnologías marinas. Se promoverá además la cooperación entre países para la protección de los océanos; según ilustra Ángel Borja, investigador principal de gestión ambiental de Mares y Costas del centro tecnológico AZTI, la idea es «llegar a conocer nuestros mares como conocemos, por ejemplo, la Luna».
-¿Cuáles son los objetivos?
-El tratado persigue proteger y regular el uso de las áreas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales, que representan más del 60 % de los océanos, lo que equivale a casi la mitad del planeta.
-¿Cuáles han sido los aspectos más controvertidos?
-El acceso a los recursos genéticos marinos y cómo repartir esos beneficios ha sido uno de los principales escollos en estas largas negociaciones. También han recibido especial atención los mecanismos para la realización de evaluaciones ambientales con el fin de realizar un uso sostenible de los recursos de las áreas de alta mar, fuera de la jurisdicción nacional de los países. Otras cuestiones sobre soberanía nacional y modalidades de votación también han sido puntos debatidos hasta el final.
-¿Cuál será el próximo paso?
-Una vez firmado el texto, dará comienzo el complicado proceso de ratificación e implementación. Frente a los criterios establecidos estarán las flotas industriales de varios países, incluyendo la española, «que han disfrutado de varias décadas sin límites al impacto ambiental en aguas internacionales». Así lo advierte Guillermo Ortuño, codirector del Grupo de Especialistas en Alta Mar de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), quien ha explicado que las negociaciones «más feroces» han sido las de la redistribución de beneficios del patrimonio genético internacional del cual «unos cuantos países se han visto beneficiados hasta ahora».
A este respecto, el oceanógrafo Carlos Duarte ha explicado que «es en la distribución de los beneficios económicos derivados de los recursos genéticos del océano, en donde el tratado parece contener vaguedades, como qué se explotará con criterios de equidad, sin articular un mecanismo para conseguirlo». Hace una década, «publicamos una investigación que mostraba que diez naciones se apropiaban del 97 % de los recursos genéticos del océano, de donde una empresa, BASF, era propietaria del 70 % de las patentes».
«En nuestro trabajo ya apuntábamos a un mecanismo para compartir recursos, que tiene que ver más con compartir y construir capacidad que con compensaciones monetarias. Esto tendrá que esperar, quizás una década más», lamenta el biólogo marino.
-Pese a aspectos concretos, ¿qué opinan en general los científicos?
-A pesar de que el tratado está lejos de lo que muchos científicos y la sociedad civil hubieran deseado, se da un paso en la dirección correcta para la conservación y uso sostenible de la naturaleza marina, según los investigadores. A juicio de Carmen Morales, investigadora de excelencia de ecología del Instituto Universitario de Investigación Marina de la Universidad de Cádiz, el acuerdo «es un gran paso» frente a la degradación del hábitat, la explotación insostenible de recursos, la contaminación, las especies invasoras o la emergencia climática.
Para Ángel Borja, del centro tecnológico AZTI, se trata a todas luces de un texto histórico; «La mejor cara de Naciones Unidas», ha añadido al respecto Carlos García-Soto, investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), presidente del Centro Europeo para la Información en Ciencia y Tecnología Marina (EurOcean) y coordinador del Informe Oceánico Mundial (2021-2022, Naciones Unidas).
