España carga contra la Comisión Europea por definir al arrastre como «destructor de fondos»

Aunque en el Ministerio de Agricultura y Pesca dicen estar todavía analizando el paquete de comunicaciones lanzado la semana pasada por la Comisión Europea en materia de pesca, la primera impresión no ha sido lo que se dice buena. Eso de que se ponga por escrito que las artes de pesca de fondo móviles son lo más perjudicial que existe para los fondos marinos no ha sentado nada bien en el gabinete de Luis Planas. «Lamentamos la calificación de destructor de fondo marino del arte de arrastre de fondo», explican desde ese departamento. Constituye, además, una generalización inadmisible por parte del Ejecutivo comunitario y el Gobierno español considera que «existe una variedad importante de prácticas de arrastre que merecen analizarse de forma más rigurosa». Estudio que en Bruselas no parecen haber abordado, a pesar de que se pretende expulsar en el 2030 a todos los artes de fondo móviles de las áreas marinas protegidas.

Mucho camino por delante

Desde el gabinete de Planas ponen por delante que la batería de planes —el de acción, el relativo a la política común de pesca, el de la organización común de mercados y el de descarbonización del sector— todavía tendrán que ser discutidos y negociados en las instituciones comunitarias para que puedan trasladarse a textos jurídicos. Por tanto, «queda todavía mucho recorrido para modular y equilibrar las propuestas», tranquilizan desde Agricultura.

Y mucho hay que nivelar. Empezando por calzar el concepto de sostenibilidad para que no cojee por ninguna de sus tres patas. La última reforma de la política común pesquera (PPC), del 2013, puso tanto énfasis en al aspecto medioambiental —rendimiento máximo sostenible, veto a los descartes...— que los aspectos sociales y económicos —comunidades costeras, lonjas, puertos...— se quedaron cortos. «Estamos de acuerdo con que la PPC contenga objetivos ambientales, pero actualmente no compartimos que la política pesquera necesite una revisión mayor de su vertiente medioambiental», apuntan desde el Ministerio de Pesca. A su juicio, hay otros retos que necesitan ser abordados, relacionados con su actividad económica, que tras la guerra de Ucrania, tiene signo negativo y la dimensión social.

«España está firmemente comprometida con la sostenibilidad de la actividad pesquera y agradece a la Comisión el análisis de la situación actual de la política pesquera, así como las nuevas propuestas». Eso sí, como en otras cosas, echa en falta «un análisis socioeconómico en el conjunto del paquete de comunicaciones, así como medidas más ambiciosas en problemas del sector, como la falta de rentabilidad económica, el relevo generacional y otros aspectos sociales».

También se ha visto defraudada porque Bruselas sigue sin entender el papel de la pesca y su aportación a la seguridad alimentaria de los ciudadanos europeos. Así, «es importante recordar que mientras a nuestros pescadores se les exige los más altos estándares de cumplimiento, las dos terceras partes del pescado que se consume en la UE procede de las importaciones realizadas de terceros países, que no siempre cumplen los mismos estándares y sitúan a los comunitarios en una situación de clara desventaja competitiva».

Reprocha que en la descarbonización se le exija más al sector con menor huella de carbono

Agricultura asegura estar de acuerdo con el diagnóstico propuesto por la Comisión Europea relativo a la descarbonización, pero esperaba más medidas para acompañar el proceso y mayor financiación. En este sentido, el ministerio apuntó que en su semestre de presidencia de turno de la UE organizará un Consejo informal de Ministros de Pesca en el que se analizarán «medidas más ambiciosas para alcanzar los objetivos de la transición energética» de la actividad.

El sector pesquero es una de las actividades de la economía azul con menor huella de carbono que, además, se ve más perjudicado que otros por el cambio climático. Y, sin embargo, «es al que más se le exige para contribuir a mitigarlo»

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