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Bruselas da un año para expulsar el arrastre del 20 % de las áreas protegidas

e. abuín REDACCIÓN / LA VOZ

SOMOS MAR

OLIVIER HOSLET | EFE

El objetivo es vetarlo en el 2030 en todas esas zonas, que serán el 30 % del mar

22 feb 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

Los martes son ya de por sí un día maldito en el refranero de la pesca. Y si por encima es martes de carnaval, con media Galicia y parte de España de fiesta y comiendo cocido, no es muy oportuno que venga el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, a poner sobre la mesa todo un atracón de comunicaciones, recomendaciones y directrices para los Estados miembros, todas en inglés y sin traducir, para el sector pesquero. Lo menos que puede conseguir es una indigestión. Y si por encima lanza un pacto por la pesca y los océanos que, como acostumbra, pone más el foco en los recursos que en los pescadores, lo menos que puede esperar es provocar una úlcera.

Porque en ese compendio de documentos, entre los que se encuentra el examen de conciencia sobre el funcionamiento de la política pesquera común y de la organización común de mercados, la hoja de ruta para conseguir descarbonizar la pesca y la acuicultura en el 2050, está también el plan de acción para proteger y restaurar los sistemas marinos, que contiene el enésimo ataque al arrastre.

La intención de la Comisión es que en el 2030 no puedan entrar en las áreas marinas protegidas (AMP), que para esa fecha serán el 30 % de las aguas comunitarias. Ahora bien, pretende que esa expulsión sea progresiva y, por tanto, da a los Estados miembros un año de plazo —antes de marzo del 2024— para definir las áreas en las que se aplicará la prohibición y que tendrán que ser al menos el 20 % de las aguas marinas de cada país. Además, en las reservas que se vayan marcando a partir de ahora ya no podrán ni trabajar.

Es cierto que la propuesta de veto debe salir de los Estados miembros. Ahora bien, la Comisión revisará cada hoja de ruta y propondrá medidas adicionales si cree que no son suficientes las propuestas del país en cuestión.

No es una prohibición global

La Comisión Europea se defiende resaltando que no se prohíbe la pesca de fondo. Resalta que esta actividad en general, y el arrastre en particular, «tiene un impacto significativo en el lecho marino», pero es posible continuar realizándola «en ciertas partes de las aguas de la UE». Eso sí, defiende su erradicación de las áreas marinas protegidas. Según su teoría, estas zonas son clave para disponer de un ecosistema saludable, dado que su «rica biodiversidad proporciona zonas de cría y desove para muchas especies y contribuyen a mantener la estructura y el funcionamiento de las redes alimentarias marinas, así como a regular el clima», dado que los sedimentos oceánicos también son importantes sumideros naturales de carbono que ayudan a hacer frente al cambio climático. Y siguiendo con su argumentación, la pesca con ciertas artes móviles de contacto con el fondo es «una de las actividades más extendidas y dañinas para el lecho marino y sus hábitats asociados».

Esta afirmación de Sinkevicius ha levantado ampollas entre la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA), pues parece que solo daña la pesca de fondo, «no los molinos, ni las plataformas petrolíferas, ni la extracción de áridos...», apunta Iván López, presidente de la entidad.

Por razones distintas, el plan de acción tampoco ha sido del agrado de las organizaciones ecologistas. Critican la falta de ambición de la Comisión, al dejar en manos de los Estados el diseño de las áreas marinas protegidas. Tal es así que para Oceana es «la política de siempre con ligeros tintes ecológicos». Aparte de que tarda demasiado en llegar la prohibición del arrastre en esas zonas, para la que dice que faltan siete años.

Descarbonización

Tampoco ha aclarado mucho la Comisión cuál es la hoja de ruta para descarbonizar la pesca antes del 2050. Se limita a decir lo ya sabido, que la dependencia de los combustibles fósiles está minando la rentabilidad del sector. Ha enumerado soluciones como mejorar la eficiencia energética y fomentar la transición hacia combustibles bajos en carbono. Eso sí, sin financiar el cambio de motores a buques de más de 24 metros y sin permitir que aumenten la capacidad los que tienen esa eslora.