El expresidente de la Autoridad Portuaria de Avilés asegura que las obras estaban «dadas de antemano» a la UTE Dique Torres
02 feb 2023 . Actualizado a las 14:33 h.Raimundo Abando Tartiere, expresidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, ha asegurado en la Audiencia Nacional que la adjudicación de las obras de ampliación del puerto gijonés de El Musel «estaba dada de antemano» a la UTE Dique Torres, de la que formaba parte la empresa Dragados y Construcciones.
Raimundo Abando, que ejerció como presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés durante los diez meses que ocupó la presidencia del gobierno regional Francisco Álvarez-Cascos, ha ratificado a preguntas del tribunal que en su opinión hubo «un delito de prevaricación claro». La rotundidad de su declaración ha llevado a los magistrados que juzgan el denominado «caso Musel» por las presuntas irregularidades en las obras de ampliación a preguntar al testigo si por sus conocimientos como licenciado en Derecho considera que en el proceso de adjudicación hubo una actuación delictiva y su respuesta ha sido igual de contundente: «Sí, la hubo».
Abando ha afirmado que la obra de ampliación «nunca se tenía que haber realizado» y ha explicado que desde un principio él denunció desde su partido de Foro Asturias las supuestas irregularidades que puso en conocimiento de un juzgado de instrucción de Gijón, si bien la jueza lo desestimó sin entrar a valorar el fondo al entender que «en vez de una denuncia debía presentar una querella», que él no llegó a interponer.
Ha indicado que apeló ante la Audiencia Provincial la decisión del juzgado, pero en ese momento coincidió la presentación de una denuncia por parte de la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF) ante la Fiscalía General del Estado que a su vez la trasladó a la Audiencia Nacional y el órgano asturiano declaró que «no era competente». El testigo ha reconocido que la mayor irregularidad que había detectado era la existencia de «una prevaricación clara, de libro» y al pedirle el tribunal más concreción en sus manifestaciones ha señalado que está convencido de que se adjudicó de antemano la obra porque «en abril y octubre de 2006 el director de la Autoridad Portuaria de Gijón José Luis Díaz Rato aprobó los precios nuevos sin conocimiento del Consejo de Administración al ser el único órgano gestor».
Raimundo Abando ha explicado que incluso el consejero delegado de Ferrovial, Joaquín A., que también está citado como testigo en el juicio, ya le había advertido de que la obra estaba adjudicada de antemano y que a este «no le gustó» que facilitara su nombre a la jueza instructora como la persona que se lo había comentado. Sus declaraciones han llevado al abogado Viliulfo Díaz, que defiende al acusado José Luis Díaz Rato, a pedir al tribunal que se le deduzca testimonio, aunque la Sala ha advertido que podrá solicitarlo en una fase posterior, cuando se realicen los informes una vez que concluya toda la fase testifical y pericial.
En la sesión de hoy ha declarado también, entre otros testigos, el ingeniero de la administración del Estado Gonzalo G.B. que ha comentado que, como miembro de la comisión técnica, no observó ningún acto que supusiera alguna irregularidad como falta de transparencia, «ni en la licitación, adjudicación o examen de las propuestas». «No detectamos favoritismo alguno por ninguna oferta, ni que tuvieran a ninguna empresa a la que no quisieran y sí detectamos que tenían una indiferencia buena para estudiar las ofertas y además se las habían estudiado», ha especificado el testigo.
El juicio, que se prolongará hasta el mes de junio, sienta en el banquillo de los acusados a una veintena de personas, entre ellas cuatro exaltos cargos de Puertos del Estado -entre los que figura Díaz Rato- que afrontan peticiones de condena de la Fiscalía de entre dos y tres años de cárcel. Las obras de ampliación de El Musel fueron adjudicadas por 580 millones en 2005, pero finalmente costaron más de 800 millones, lo que supuso un aumento de 250 millones; se financiaron en parte con fondos europeos, pero en vista de las sospechas de irregularidades en su ejecución la Comisión Europea solicitó a España la devolución de la subvención de 247,5 millones concedida al proyecto, informa Efe.
