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Ecologistas quieren que los criterios ambientales puntúen en el reparto de cuotas de la Ley de Pesca Sostenible

Somos Mar REDACCIÓN / LA VOZ

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PEPA LOSADA

Señalan que la normativa española no alcanza el mínimo de ambición que exige la regulación comunitaria

26 ene 2023 . Actualizado a las 04:50 h.

Con respecto a la Ley de Pesca Marítima del 2001, la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera supone un gran avance, a decir de organizaciones ecologistas. Actualiza la gestión pesquera española con respecto a la política pesquera común, que entró en vigor en el 2014. Con todo, esta normativa «no alcanza el mínimo de ambición exigido por la regulación europea». En materia medioambiental, se sobreentiende. En un comunicado, ClientEarth, Ecologistas en Acción, Greenpeace, OurFish, SEO/BirdLife y WWF explican que aspiran a que el Senado, en el que ahora se está tramitando la ley, se corrijan las «incongruencias y aspectos contrarios a la normativa europea que aún existen entre sus artículos».

Las agrupaciones consideran preocupante que la nueva ley sea menos ambiciosa que la PPC y su normativa asociada. Por eso, señalan que la ley podría ser cuestionada con razones más que suficientes por la propia Comisión Europea por vulnerar la normativa comunitaria.

Uno de los aspectos que los ecologistas señalan como prioritarios para garantizar una pesca justa y sostenible en las próximas décadas es el reparto de posibilidades de pesca. El actual texto, dicen, no garantiza que se tengan en cuenta criterios ambientales y, por lo tanto, existe un alto riesgo de depender exclusivamente de criterios económicos, como son los derechos históricos, tal y como ha venido sucediendo hasta ahora. Dichos derechos históricos han promovido prácticas insostenibles en algunas flotas así como la marginación de otras.

«Desde las organizaciones ecologistas no queremos dejar de insistir en que el reparto de derechos de pesca bajo criterios ambientales y sociales es una obligación legal de la política pesquera común, en vigor desde el 2014», explican. Por eso piden al Senado que modifique el artículo 32, estableciendo que, para cada pesquería se deberá tener en cuenta como mínimo y de forma simultánea, criterios sociales, ambientales y económicos, para asegurar que la pesca del futuro sea justa y sostenible para todas y todos”, explica Àlex Bartolí, portavoz de OurFish.

Tampoco están de acuerdo con consolidar en la ley los repartos ya realizados. Es algo que, según dicen, vulnera la normativa europea pues no se atendieron los criterios ambientales en esa distribución de cuotas. «El reparto de acuerdo a criterios ambientales, sociales y económicos es una obligación desde el 2014 y, por tanto, todos los repartos realizados desde esa fecha tendrían que ser revisados y actualizados para ajustarse a la normativa europea», asegura Raúl García, portavoz de WWF.

Otro aspecto que consideran negativo es que el proyecto de ley no incluye la obligación de no pescar por encima del rendimiento máximo sostenible (RMS), ni impone el principio de precaución para cuando no se disponga de datos biológicos, algo prioritario en la política pesquera «y que resulta fundamental para garantizar la salud de las poblaciones de interés pesquero a largo plazo». 

Según sus argumentos, también vulnera el reglamento de medidas técnicas, pues no impone la obligación de reducir o eliminar las capturas accidentales de mamíferos, aves, tortugas marinas, tiburones y rayas protegidos. Juan Carlos Atienza, portavoz de SEO/BirdLife, afirma: «Confiamos en que el Senado tratará de enmendar estos aspectos fundamentales para aprobar una ley a la altura de nuestro tiempo. Esta ley solo será eficaz si se aplica con decisión y usando todas las herramientas disponibles, como los planes de gestión para acercar la gestión al territorio, el reparto justo que incentive las mejores prácticas pesqueras y una gobernanza participativa en una apuesta decidida por la sostenibilidad como base fundamental para asegurar la pesca del futuro».