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Eurodiputados exigen que se mida el impacto de todas las decisiones de pesca

E. Abuín REDACCIÓN / LA VOZ

SOMOS MAR

MARCOS CREO

Así como hay ecosistemas marinos vulnerables también hay «pescadores vulnerables». Arranca el debate en el Parlamento Europeo sobre la futura política común de pesca

25 ene 2023 . Actualizado a las 04:45 h.

Los eurodiputados de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo tienen su propio debate a cuenta de qué fue primero si el huevo o la gallina. Solo que en el caso que les ocupa, la actividad extractiva de recursos marinos, la dicotomía estriba en qué hay que garantizar antes: que haya peces o que existan pescadores. Es decir, si en la gestión pesquera debe anteponerse la cuestión medioambiental o poner el foco en la dimensión socioeconómica. El informe de opinión sobre la aplicación de la política pesquera común (PPC), presentado ayer en la Eurocámara ahora que toca revisarla, apuesta por el equilibrio.

Un plano de igualdad que, a juicio de Gabriel Mato, designado ponente de ese documento, actualmente está descompensado hacia el costado medioambiental. La escora ya se detectó en el 2014, nada más entrar en vigor la PPC, recoge, lamentando que su aplicación «se haya centrado en el aspecto medio ambiental de esta política, como un requisito previo y a expensas de las consideraciones socioeconómicas y de seguridad alimentaria».

Por eso, el documento aboga por que en la nueva política pesquera común «se lleve a cabo de manera sistemática evaluaciones de impacto completas ex ante y ex post, incluidos análisis socioeconómicos, antes de proponer cualquier estrategia o legislación o de adoptar decisiones políticas. Y reclama también un enfoque distinto: que no se pierda de vista la contribución de la pesca al suministro de alimentos «sanos, sostenibles y de alta calidad», ni el papel estratégico de los pescadores en la cadena de valor de los alimentos. Cuestión que enlazó con la falta de un terreno igualitario para la flota comunitaria y la internacional, sobre todo la china, que después introduce sus alimentos en el mercado europeo.

Adaptar a la realidad

No es lo único para lo que el ponente pide reformas en la PCP. Para adaptarla a la realidad y no al contrario. Y para eso es preciso que el rendimiento máximo sostenible (RMS) se aplique teniendo en cuenta las dimensiones socioeconómica, de proporcionalidad y de seguridad alimentaria y, sobre todo, entender que la obligación de desembarque no es un objetivo en sí misma, sino una herramienta para reducir al mínimo las capturas no deseadas. Así es que, como expuso Ana Miranda, del BNG, solo ha traído «adaptacións forzadas, competencia desleal, burocracia e máis custes».

Nacionalista y popular coincidieron también en la necesidad de cambiar la denominada estabilidad relativa, esa clave de reparto de cuotas entre países que no se ha movido en 40 años y que, como expuso Mato, ha creado una brecha entre las posibilidades de pesca que se reciben y las necesidades reales, agravada si cabe por la desconexión del Reino Unido.

Y si realmente se persigue la descarbonización, la PPC también tiene revisar su política estructural y permitir aumentar la capacidad de los barcos sin elevar la de pesca aceptando los que se han dado en denominar GT (toneladas de arqueo) sociales, aquellos que van dirigidos a mejorar la habitabilidad y las prestaciones de embarcaciones. Porque eso sí, tanto quienes sostienen que debe haber peces en el mar para que haya pesca, como quienes apuestan por atender a que así como hay ecosistemas vulnerables hay pescadores vulnerables ven con preocupación la falta de relevo generacional.

El debate ya está lanzado. Hay sensibles diferencias que quedarán reflejadas en las enmiendas. Que las habrá. No todos están dispuestos a alterar la clave de reparto fija desde hace 40 años, ni todos quieren esa reforma más ambiciosa que reclaman desde puntos como Galicia. Esas voces concuerdan con la Comisión en que hay que dar más tiempo para conocer los resultados de esta política pesquera, pues muchas de sus disposiciones, como el veto a los descartes, no entraron en vigor hasta el 2019.

Unas reticencias a que no comprende la socialista Clara Aguilera. Aunque no es partidaria de grandes transformaciones ni cambios profundos, sí hay que revisar algunas cuestiones, como la obligación de desembarque, la cogestión de la pesca, la pesca artesanal... «No sé por qué hay tanto recelo a cambiar si hay elementos mejorables, sobre todo porque a la PAC, la política agrícola común, se le da siete patadas cada vez que hay que revisarla».

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E. A.

Para la Comisión Europea, esta Europa Azul en la que está nadando ha traído progresos, como «stocks más nutridos y pescadores más sensibilizados con la sostenibilidad», intervino la representante del Ejecutivo comunitario. Y lo que pide el informe Mato es cambiar el RMS, la obligación de desembarque y la estabilidad relativa, «los pilares de la actual política pesquera común (PPC), desarrollada a través de consultas y consensos». Bruselas está convencida de que el rendimiento máximo sostenible (RMS) es el enfoque adecuado para gestionar los stocks y cree que hay que dar tiempo a ver si funciona la obligación de desembarque. Compartió, eso sí, en la necesidad de reforzar el aspecto socioeconómico de los informes científicos.

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Hubo en la sesión de la Comisión de Pesca quien cuestionó la oportunidad de este informe, sugiriendo que tendría que haber salido mucho antes para poder influir en el dictamen del Ejecutivo comunitario.