Declara que la liquidación de la obra fue negativa de 92 millones de euros y que la UTE no recibió reclamaciones ni denuncias por la construcción o por presentar algún aspecto defectuoso
19 ene 2023 . Actualizado a las 16:52 h.La obra de ampliación del puerto gijonés de El Musel se cerró con pérdidas para la UTE Dique Torres, adjudicataria del proyecto, según ha asegurado este jueves en la Audiencia Nacional Juan Miguel Pérez, gerente entre 2005 y 2009 de la unión temporal de empresas que se encargó de esos trabajos.
Pérez ha declarado hoy en la cuarta sesión del juicio del denominado caso Musel que, desde el pasado lunes, se celebra en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en la obra de ampliación del puerto de Gijón y en el que están acusadas una veintena de personas, entre ellas cuatro exaltos cargos y 17 representantes de las empresas Dragados, Drace, Sato, FCC y Alvargonzález Contratas que integraban la UTE Dique Torres.
El exgerente de la UTE, que afronta una petición de pena de la Fiscalía de dos años de cárcel y nueve años de inhabilitación para ejercer cargo o empleo público, ha explicado que él no decidió realizar la ampliación del puerto, sino que fue contratado en 2005 para la ejecución de una obra que ya estaba comenzada.
Pérez, quien ha negado cualquier tipo de «mediación o imposición» por parte de los representantes del Ministerio de Fomento para que la obra acabara «a cualquier precio», ha dicho que por su experiencia profesional en otras obras marítimas en España, Portugal, Israel, y actualmente en EEUU, el plazo de ejecución de la ampliación de El Musel fue «razonable», contando con «los imponderables relativos a la obtención del material».
Las obras fueron adjudicadas por 580 millones en 2005, pero finalmente costaron más de 800 millones, lo que supuso un aumento de 250 millones; se financiaron en parte con fondos europeos, pero en vista de las sospechas de irregularidades en su ejecución la Comisión Europea solicitó a España que devolviese la subvención de 247,5 millones concedida al proyecto.
Pérez ha asegurado que la liquidación de la obra fue «negativa de 92 millones de euros», lo que significa que «al puerto de Gijón le costó 92 millones menos de lo presupuestado» porque no se empleó la totalidad del importe previsto, ya que hay algunas partidas que no se llegaron a ejecutar. Por el contrario, «la obra se cerró en pérdidas para la UTE», ha indicado el acusado, porque hay una parte de la inversión en una cantera de Perecil que «no ha sido compensada».
No obstante, el resultado de la obra de ampliación, con la perspectiva que le ha dado el tiempo transcurrido, ha sido en su opinión «satisfactorio, óptimo y eficaz» para el puerto gijonés porque, según Pérez, «está ahí funcionando y que sea usado más o menos depende de la coyuntura y de las circunstancias del Cantábrico».
El exgerente de la UTE ha afirmado que, desde la finalización de la obra en 2010, la UTE no recibió reclamaciones, ni denuncias por la construcción o por presentar algún aspecto defectuoso ya que, según ha mantenido, «la obra de abrigo está funcionando como se preveía».
También se ha referido a la reunión convocada en Madrid en 2006, a instancia del exsecretario general de Transportes del Ministerio de Fomento, el también acusado Fernando Palao, a la que acudieron representantes de la Autoridad Portuaria de Gijón y la UTE Dique Torres, donde se abordaron los problemas que provocaban el retraso de la obra. El acusado ha explicado que la reunión se desarrolló «en un ambiente amigable, de discusión franca de los problemas y puesta en común de las voluntades para tratar de acabar el proyecto».
Asimismo, ha rechazado que la labor de los dos representantes del ministerio -los también acusados exsecretario general de Transportes, Fernando Palao, y el exdirector de El Musel José Luis Díaz Rato- en esa reunión fuera de «mediación o imposición» para que la obra avanzara a cualquier precio. En la sesión también han declarado otros tres acusados que formaron parte del comité de gerencia de la UTE, informa Efe.
