Productores de Burela formalizaron en Bruselas su demanda contra las 87 vedas
SOMOS MAR
Mar plantea al Consello de la Xunta sumarse a la batalla legal de los armadores
15 dic 2022 . Actualizado a las 04:45 h.En martes. 13, a prueba de supersticiones. A un solo día de que expirase el plazo. Los abogados de la Organización de Productores de Burela (OPP 7) interpusieron anteayer en Bruselas el recurso contra el acto de ejecución de la Comisión Europea que prohibió la pesca con artes de fondo entre los 400 y 800 metros de profundidad de 87 áreas del Atlántico nororiental en las que hay —o se supone que hay— ecosistemas marinos vulnerables. La demanda contra las zonas de exclusión que, desde el 9 de octubre están salpicadas por los cantiles desde el golfo de Cádiz a Irlanda, se presentó ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), donde recalan las denuncias de personas físicas o jurídicas que buscan la anulación de medidas comunitarias que les perjudican.
Es el caso de la flota de palangre de fondo de la OPP 7, según los datos recabados de los 50 primeros días de actividad con las vedas en vigor. Son resultados «moi malos, que comprometen gravemente a viabilidade das empresas», explicó el gerente de la entidad, Sergio López. No los detalla, porque primero los expondrá a los asociados, pero sugiere que son peores que los que ayer deslizó la Consellería do Mar en una nota de prensa, que aludía a que en el primer mes de vigencia las capturas del pincho cayeron un 50 % y la facturación se retrajo un 20 %.
El Gobierno gallego se presentará como parte coadyuvante en el recurso de los productores. La conselleira de Mar, Rosa Quintana, cuenta con recabar hoy el apoyo del Consello da Xunta al acuerdo de «contratar a un gabinete de asesores xurídicos» para acompañar a los armadores en esa batalla legal que han emprendido contra el Ejecutivo comunitario.
La Administración gallega tiene 6 semanas de plazo para sumarse a la demanda, una vez se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Ser coadyuvante permitirá a Galicia «intervir no proceso, responder aos argumentos de Bruxelas e reforzar os da parte demandante», explica la Xunta. No acaba ahí el recorrido. El TGUE deberá pronunciarse sobre si admite a trámite la demanda de intervención y, en el caso de ser aceptada, marcará el plazo para la formalización del recurso. Quintana, que agradeció a la OPP 7 «que fixese o esforzo», cree que es obligación de la Xunta acompañar a los empresarios en la batalla legal contra de una decisión «tremendamente inxusta».
