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Galicia reclama a Planas que pelee para evitar el cierre del jurel en el Cantábrico

e. a. REDACCIÓN / LA VOZ

SOMOS MAR

MARCOS CREO

Pide también al Gobierno que demande un estudio de su situación biológica

06 dic 2022 . Actualizado a las 04:45 h.

Hacía tiempo, mucho tiempo, que Galicia no llegaba a un Consejo de Ministros de Pesca de la UE con tan pocos frentes abiertos. La propia Comisión Europea plantea elevar la cuota de merluza, la de rape, la de gallo, la de merlán... Así que no habrá que pelear tanto para esquivar la tijera. Por subir, hasta propone elevar el cupo de jurel, pero del que se puede pescar en la zona 9a, de Fisterra hasta el golfo de Cádiz. Allí donde cerqueros y arrastreros se las ven y se las desean para capturar todo lo que se les ha permitido. Y, sin embargo, aferrándose a los informes científicos del ICES (Consejo Internacional para la Exploración del Mar), estudia cerrar la pesquería de jurel en la 8c, desde Fisterra hasta el golfo de Vizcaya. Es la principal nube negra que planea sobre la cumbre que arrancará el próximo domingo en Bruselas para fijar los totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas para el 2023. Una nube bien oscura, puesto que una cuota cero de jurel sería letal económicamente para el cerco y, sobre todo, para el arrastre, segmento para el que se convertiría en una especie de estrangulamiento.

El ministro de Pesca reunió por videoconferencia a las comunidades autónomas en el Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, un foro en el que la conselleira de Mar, Rosa Quintana, solicitó a Luis Planas y a su equipo una encendida defensa para que se deje abierta la pesquería. Sugiere que se apruebe un TAC de 15.000 toneladas y que se aumente la flexibilidad de pesca de la cuota al sur de Fisterra de un 3 a un 25 %. Quintana pidió prudencia y cautela a la hora de decidir medidas de gestión, porque, a fin de cuentas, la información científica no es infalible. La conselleira se refirió al caso de la sardina, stock para el que las previsiones biológicas sugerían que solo se recuperaría con una prohibición de pesca por 15 años y finalmente se reconstituyó en cinco y sin paralizar la pesquería.

Por si ese ejemplo no fuese suficiente, Quintana también aludió a la merluza de aguas ibéricas, especie para la que siempre se proponía recorte tras recorte hasta descubrir que había un error en el modelo de cálculo de la biomasa y fue posible subir ese TAC nada menos que en un 70 %.

Precisamente, la representante gallega reprochó esos «altibaixos» en las cuotas. La recomendación —no escrita— es que no se admitan variaciones de un año para otro superiores al 15 %. Y, sin embargo, para el jurel en el 2023 se sugiere un TAC cero cuando para el 2022 se aprobaron más de 70.000 toneladas. «O que lle dixemos ao ministro é que a UE non pode dar estes bandazos e pasar de propor 70.000 toneladas a prohibir a pesca. Ten que tomar medidas máis acaídas que permitan manter a actividade da flota sen estes altibaixos», dijo Quintana tras la reunión.

La conselleira anunció que en unos días facilitará a Planas un informe del impacto socioeconómico que tendría ese TAC cero para el jurel de la 8c para que sirva de argumento para evitar un cierre para el que el propio ICES ofrece alternativas menos drásticas. Asimismo, Quintana pidió a Planas que exponga la necesidad de estudiar, a través del ICES, la situación del jurel por zonas, dado que «non pode ser a mesma en Noruega que en augas do Cantábrico». No es ni el mismo sistema de trabajo, por lo que las medidas de gestión tampoco deberían ser las mismas, al entender de la Administración gallega.

Que la mayor parte de los stocks que pesca la flota gallega se explotan en niveles sostenibles lo admite la propia Comisión Europea en sus comunicaciones. Por tanto, desde Galicia exponen la necesidad de poner «fin aos intensos axustes dos últimos exercicios, que complican aínda máis a actividade dun sector» bastante castigado ya con las consecuencias del covid y la fuerte subida del combustible.

Este año las medidas más draconianas llegan por la parte del Mediterráneo, para el que se quiere rebajar un 7,5 % el esfuerzo pesquero donde ya se ha recortado un 17,5 %.