La Xunta lleva a Costas a los tribunales por cobrar un canon en suelo de Portos
SOMOS MAR
Expide un recibo que triplica la tasa gallega y supone 120.000 euros al año
10 nov 2022 . Actualizado a las 04:45 h.La Xunta y el Ministerio de Transición Ecológica se verán de nuevo las caras en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Esta vez porque la Dirección General de la Costa y el Mar pretende cobrar un canon estatal en terrenos del dominio público marítimo-terrestre portuario transferidos a la comunidad autónoma donde Portos de Galicia ya cobra tasas autonómicas dado que presta servicios, gestiona las concesiones en ese suelo, mantiene las infraestructuras portuarias y, en algunos casos, incluso las construye.
Ante lo que considera una nueva invasión de competencias y otro ataque al sector del mar gallego, el Ejecutivo autónomo ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la orden ministerial que establece ese canon. Ayer, la conselleira de Mar, Rosa Quintana, y la presidenta de Portos, Susana Lenguas, reunieron al sector marítimo-pesquero para dar cuenta del nuevo pleito judicial en el que la Xunta y Transición Ecológica están ahora enzarzados.
Costas no cobra la tasa a todos los asentados en ese espacio. Al parecer, afecta solo a las actividades que ocupan terrenos portuarios adscritos, superficies que se ampliaron con posterioridad al traspaso de competencias a Galicia. Al menos así lo sugería Costas cuando notificó en mayo a Portos y a un concesionario en concreto de la orden ministerial que recoge el nuevo canon. Por ahora este es el único afectado, pero por otros informes emitidos por el Gobierno central todo apunta a que «ten intención de actuar do mesmo xeito con outras concesións en portos como Sada, Vilaboa, Rianxo, Sanxenxo, Combarro, Bueu, A Guarda, A Toxa ou Baiona».
Pagar el triple
Es el caso concreto de ese titular de una concesión en Portos el que ha llevado a la Xunta a recurrir a la Justicia. Según explica la Consellería do Mar en un comunicado, el gravamen que expide Costas es tan oneroso que pone en riesgo la viabilidad económica de la concesión. El cargo que expide a la actividad afectada multiplica por tres la tasa que le cobra Portos y tendría que desembolsar 120.000 euros al año a mayores del cargo autonómico.
Si, como temen Quintana y Lenguas, esa orden ministerial se aplica a todos los terrenos adscritos, podría dispararse lo que ahora pagan puertos deportivos, asociaciones de mejilloneros, lonjas, varaderos y otros actividades asentadas en los puertos, aseguran.
La conselleira de Mar ve un simple afán recaudatorio en un canon que amenaza con provocar «unha quebra económica de moitos concesionarios», además de generar situaciones extrañas como el hecho de que el usuario de una plaza de atraque pague solo la tasa autonómica y el titular de la contigua, tenga que abonar la de Portos y la estatal.
Quintana, que explicó que la Xunta envió un requerimiento al ministerio para que dejase sin efecto la orden ministerial y no fue atendido, confía en que los tribunales den la razón a Galicia y frenen un «ataque» que, cree la conselleira, sigue el modus operandi de los anteriores —cambiar de criterio sin modificar la normativa— y persigue lo mismo que los anteriores: eliminar de la ribera cualquier vestigio de actividad humana.
Recuerda la responsable de Mar que el TSXG refrescó a Transición Ecológica las competencias gallegas cuando rechazó el recurso que el equipo de Teresa Ribera puso para pedir la anulación del plan de explotación marisquera.
