La Audiencia Nacional instruirá finalmente la causa del Villa de Pitanxo
SOMOS MAR
Alivio y satisfacción de las familias al continuar el caso en su primer juzgado
05 nov 2022 . Actualizado a las 05:00 h.La instrucción de la causa que se sigue por el naufragio del Villa de Pitanxo continuará en Madrid, en el Juzgado Central número dos de la Audiencia Nacional. Así lo han decidido los magistrados de la Sala de lo Penal de esa misma instancia, que han tenido que resolver el recurso que la Fiscalía presentó contra el auto de aquel juzgado con el que asumía el caso. El Ministerio Fiscal apeló solicitando la inhibición en favor de los juzgados de Vigo, un recurso al que se adhirieron los representantes legales de la casa armadora, Pesquería Nores Marín, y de Juan Enrique Padín, patrón del pesquero que se hundió el 15 de febrero frente a las costas de Terranova, al que se investiga por 21 supuestos delitos por homicidio por imprudencia, tantos como fallecidos hubo en el naufragio.
Ministerio Fiscal, empresa y patrón defendían la inhibición de la Audiencia Nacional por falta de competencia y defendían que fuesen los juzgados de Vigo porque el puerto de la ciudad olívica fue el último que tocó el Villa de Pitanxo antes de hundirse a 250 millas de Canadá. Pero los magistrados de la Sala de lo Penal que han resuelto la discrepancia se aferran a que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado a favor de los juzgados centrales en el caso de un barco español que acabó hundido en aguas internacionales, porque «de considerarse competentes a los juzgados ordinarios de instrucción, se plantearían problemas de territorialidad muy complejos que desencadenarían inevitables dilaciones».
Se pronunció así en relación a una denuncia formulada por delitos de muerte por imprudencia y contra la seguridad de los trabajadores —cargos por los que se investigará a Padín— supuestamente ocurridos en un buque hundido en aguas internacionales —como el Villa de Pitanxo—. En aquel caso se dilucidaba si era competente el juzgado de instrucción de Noia o el de Torrelavega, donde residía el investigado. Apuntó el Supremo que «en una primera aproximación cabría estimar que la competencia corresponde a los juzgados centrales (...) por tratarse de delitos cometidos fuera del territorio nacional. Pero es que, además, en esa argumentación, el alto tribunal decía que, de no estar clara la competencia, esta «corresponderá al primer juzgado que haya tenido conocimiento del delito». Y en el caso del pesquero marinense ese fue el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, al que la Comandancia de Pontevedra entregó las diligencias en las que se encontraron los indicios de delito que vio tanto el Ministerio Fiscal como el titular de la sala Ismael Moreno.
Ninguna ventaja y sí dilaciones
Este, después de inhibirse en un primer momento en favor del Juzgado de Marín —que la rechazó—, dictó un auto en septiembre asumiendo la causa, aparte de haber asumido a trámite la querella interpuesta por los familiares de los fallecidos. Por tanto, «ninguna ventaja, y sí indeseables dilaciones, supondría ahora privar al juzgado [de la Audiencia] de una competencia ya aceptada, sobre una causa que ya se está tramitando», zanjan los magistrados.
Aún dan más argumentos a favor de que el caso se quede en la Audiencia. La querella de los familiares por delito de falsedad documental por faltar a la verdad hace referencia a la protesta de mar redactada en Canadá, fuera de España. Por tanto, encaja sin duda en las competencias de esa instancia, encargada de los delitos cometidos en el extranjero. Ahora bien, los magistrados de la Sala de lo Penal señalan que el instructor aún debe decidir si corresponde a la jurisdicción española analizar esa falsedad.
Los familiares de las víctimas del naufragio mostraron ayer «alivio y satisfacción» por el auto dejando en manos de Moreno la instrucción, dado que, por fin, a semanas de que se cumplan nueve meses de la tragedia «tenemos lo que queríamos: un juzgado que siga instruyendo la causa», explicó María José de Pazo, portavoz del colectivo. Esta destacó el trabajo de los abogados, del despacho Méndez y Lampón, dado que los magistrados admitieron todos y cada uno de los argumentos de sus representantes legales.
