La Comisión Europea reitera que el Gobierno sí le dijo que revisará el Pitanxo en el 2023
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Bruselas recuerda que la decisión debe de ser técnica, sin influencia política
01 nov 2022 . Actualizado a las 04:45 h.El Gobierno de España sí informó al área de Seguridad Marítima de la Comisión Europea que el Villa de Pitanxo será inspeccionado con un robot submarino en la primavera o el verano del 2023. Lo confirmó por carta, el domingo, la comisaria de esta área, la griega Fotini Ioannidou, dejando muy claro que la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, «ha iniciado los trámites para contratar a una empresa de ROV para realizar un reconocimiento submarino del naufragio que tendrá lugar en primavera-verano del 2023. El contrato aún no ha sido asignado a una empresa, pero la Ciaim está trabajando en eso».
La inspección del pecio aportaría más datos sobre el naufragio del arrastrero gallego hundido el pasado 15 de febrero, que ha motivado una investigación en la Audiencia Nacional y sitúa al patrón, Juan Enrique Padín, como presunto autor de 21 delitos de homicidio por imprudencia, uno por cada tripulante a su cargo fallecido por las presuntas negligencias del máximo responsable del pesquero.
Fotini Ioannidou asegura que el Gobierno de España le informó también de los contactos iniciados con una empresa especializada para realizar la inmersión y los trámites burocráticos necesarios para licitar la contratación de la expedición. Ioannidou lo expone en un correo electrónico que responde a la misiva enviada la semana pasada por los familiares de los 21 fallecidos tras las declaraciones del delegado del Gobierno, José Miñones, que desmintió a la comisaria del área de Seguridad Marítima de la Comisión Europea. Miñones aseguró que solo se bajará al pecio si lo ordena la investigación pericial de la Ciaim o judicial de la Audiencia Nacional, y que motivó la carta de los familiares de los fallecidos en el Villa de Pitanxo para aclarar la polémica.
Lo que no desvela la carta de Ioannidou es quién fue su interlocutor en el Gobierno de España: «No puedo comentar la declaración del delegado del Gobierno de España en la región de Galicia al respecto». Con ello, se pretendía aclarar el porqué de las dos versiones aportadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez: la manifestada al área de Seguridad Marítima de la Comisión Europea y la expuesta por Miñones, que encaja con el discurso oficial del Gobierno desde julio.
Seguimiento desde Bruselas
Antes, la versión difundida desde la Moncloa descartaba la expedición al pecio por su «elevado coste e inseguridad». Pero la carta enviada desde la Eurocámara recoge otro dato que resulta crucial para los familiares: «La Ciaim es independiente y se supone que solo debe tomar decisiones técnicas». La afirmación tiene su relevancia por las denuncias realizadas por los familiares el 29 de julio, frente a la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra. Acusaron al Gobierno de obstruir la investigación penal mediante presiones a los técnicos de la Ciaim para que no solicitasen la bajada del robot al pecio y obtener más información sobre el naufragio.
Aquellas consideraciones motivaron en parte la petición de ayuda a la Comisión Europea para garantizar que las pesquisas sobre la tragedia del Villa de Pitanxo llegarán hasta el final. De ahí la despedida de Fotini Ioannidou en su carta enviada el domingo a las otras víctimas del Villa de Pitanxo, que concluye: «Tengan la seguridad de que seguiremos de cerca este caso».
