La Comisión Europea dirá quién en el Gobierno garantizó revisar el Villa de Pitanxo
SOMOS MAR
Los familiares de los 21 fallecidos exigen por carta a la comisaría responsable de la comisión en Bruselas que aclare el último cambio de criterio, tras ocho meses de polémicas entre los allegados de los difuntos y el Ejecutivo de Pedro Sánchez
29 oct 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El área de Seguridad Marítima de la Comisión Europea recibió ayer por la mañana un correo electrónico exponiendo la cronología del enésimo conflicto generado por la reticencia del Gobierno de España a inspeccionar por su cuenta el arrastrero Villa de Pitanxo. El texto enviado por los familiares de los 21 tripulantes fallecidos el pasado 15 de febrero en aguas de Terranova, en su último párrafo, recoge la pregunta clave, dirigida a la máxima responsable de la comisión, la griega Fotini Ioannidou: «¿Ha comunicado efectivamente el Gobierno español a la Comisión Europea que tiene previsto visitar el barco hundido para la primavera-verano de 2023?».
Ioannidou, el martes, aseguró ante familiares de los 16 fallecidos desplazados a Bruselas que el Gobierno de España le trasladó su decisión firme de inspeccionar el pecio, que ya contactó con una empresa especializada, que la licitación está en curso y que la expedición zarpará entre primavera y verano del 2023. Pero el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, el jueves, visitando una obras en Vilaboa, desmintió a Ioannidou. Se agarró al discurso sostenido por la Moncloa en los últimos meses: se bajará un robot si lo reclama la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) o la Audiencia Nacional.
La respuesta de la comisaria griega al correo electrónico resolverá la polémica, una más entre los familiares de los difuntos y el Gobierno de España. Y es que ocho meses después de la tragedia, con 12 de los 21 cadáveres sin recuperar, el Ejecutivo central sigue siendo incapaz de empatizar con las otras víctimas de un naufragio que, está por ver, si fue consecuencia de las negligencias del patrón del pesquero, Juan Enrique Padín. Incluso el jueves, tras desmentir por la mañana Miñones a la responsable de la Comisión Europea de Seguridad Marítima, fuentes oficiales de la Moncloa, ya por la tarde y con la polémica incandescente, deslizaban la posibilidad de que todo respondía a un mero problema de entendimiento, por el idioma, de Ioannidou durante sus contactos con el Ejecutivo español.
El cortafuegos expuesto para enfriar la controversia no resulta coherente entre los familiares de los 21 muertos, que se preguntan: «¿Quién puede creerse que alguien tan preparado como la señora Ioannidou y todos los asesores que la rodean, que no son políticos y sí técnicos, pueda interpretar algo tan serio de manera errónea y para exponerlo en la Eurocámara durante una comparecencia que lleva meses preparándose?». Los familiares prefieren esperar a la respuesta de Ioannidou antes de afirmar que el Gobierno de Pedro Sánchez habría faltado deliberadamente a la verdad ante la Comisión Europea de Seguridad Marítima: «Somos prudentes, es cuestión de tiempo».
Ocho meses de conflicto
Motivos para la desconfianza sobran entre las 21 familias que abanderan la causa para conocer qué provocó el naufragio y la posterior gestión de la Moncloa sobre todo lo relacionado con la tragedia. Lo primero porque el presidente Sánchez, en Santiago, la noche que llegaron en avión los cadáveres y los tres supervivientes, miró a los ojos de los familiares y les dijo: «Haré [por vosotros] lo posible y lo imposible». Aquella promesa se esfumó hasta el punto de que se ha negado a recibirlos desde entonces. También se dijo a los familiares que la inspección del pecio no podía hacerse por estar hundido en aguas de Canadá, cuando realmente son de competencia internacional. Aquello lo desveló la embajadora de Canadá en España, que facilitó también la videoconferencia con los responsables del operativo de emergencias que el Gobierno de España demoró durante meses sin qué se sepa aún el motivo.
El Gobierno de Sánchez tampoco mostró una posición fija sobre la bajada al pecio hasta el pasado julio. El primer relato implicaba descartar la operativa por «elevado coste e inseguridad». De aquello se pasó a dejar en manos de la investigación pericial o penal la decisión de bajar al pecio. Pero lo más curioso del posicionamiento camaleónico es que los peritos, integrados en la Ciaim y que dependen del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, aún no se han pronunciado y el Ejecutivo ya prepara la expedición. Y eso que la Ciaim alega que restan unos «estudios en curso» para tomar la decisión final, en alusión a los ensayos que se harán con una maqueta escala del malogrado pesquero en un canal artificial de agua.
Los familiares, mientras, se preguntan si esa reconstrucción puede ser lo suficientemente rigurosa para esclarecer un hundimiento presuntamente provocado por negligencias del patrón y con el que se pretende cerrar una investigación con 21 muertos. También se preguntan qué funcionario o político puede valorar, y en base a qué criterios, si el coste de tres millones de euros que implicaría la expedición a Terranova para examinar el Pitanxo resulta excesivo.