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Inspectores de Pesca destacan lo fútil de la ley de control si sigue el conflicto laboral

redacción LA VOZ

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Cerqueros y pesqueros de artes menores atracados en el puerto de Vigo (foto de archivo)
Cerqueros y pesqueros de artes menores atracados en el puerto de Vigo (foto de archivo) M.MORALEJO

Denuncian que la Administración no reconoce que realizan un servicio 24 horas, y se niega a remunerarlo como tal

23 oct 2022 . Actualizado a las 06:00 h.

El anteproyecto de Ley de Modernización del Control e Inspección y Lucha contra la Pesca Ilegal ha dejado desconcertados a los funcionarios agrupados en la Asociación Profesional de Inspectores de Pesca (Apipes). Resulta que la normativa que ahora ha salido a consultas pretende precisamente «reforzar la figura de estos agentes y demás personal habilitado para el ejercicio de labores de control e inspección» y optimizar su trabajo. Pero eso va a ser difícil, mantiene Apipes, cuando el colectivo mantiene desde hace más de un año un conflicto laboral porque la Administración no reconoce que el que realizan es un servicio 24 horas y se niega a remunerarlo como tal.

A pesar de que han iniciado negociaciones, actualmente están estancadas, dicen los funcionarios, porque aquella «se niega a reconocer sobre el papel que la disponibilidad de los inspectores de Pesca está intrínseca en la naturaleza del trabajo que realizan, al igual que lo está en la naturaleza del sector pesquero, y la plantean como algo puntual, esporádico e incluso anecdótico».

Los inspectores recuerdan que España, al ser parte de la UE, tiene que cumplir con unas obligaciones de control pesquero para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común. Y que hasta en doce ocasiones las autoridades españolas han sido objeto de procesos de emplazamiento por parte de la Comisión Europea por incumplir el citado régimen de control. Eso podría acabar en sentencias millonarias del Tribunal de Justicia de la UE o en reducciones en las cuotas pesqueras.

Lucha contra la pesca ilegal

Apipes reclama el papel que le corresponde en ese logro que supone el hecho de que el Tribunal de Cuentas Europeo sitúe a España como uno de los países más implicados en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, en inglés) en la UE. Ya solo por eso, y por su defensa del sector pesquero, la Administración debería dotar al cuerpo de inspectores de la dignidad profesional que se merece por el trabajo realizado, atendiendo sus reivindicaciones y reconociendo la especificidad y disponibilidad horaria de estos funcionarios.