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La batalla que Xunta y Estado libran en primera línea de costa

Somos Mar REDACCIÓN / LA VOZ

SOMOS MAR

JANET GONZALEZ VALDES

Empresas de la cadena mar-industria reclaman seguridad jurídica al percibir un cambio de interpretación de la normativa

18 oct 2022 . Actualizado a las 04:47 h.

La primera línea de costa se ha convertido en un frente de batalla recurrente entre el Gobierno central y la Xunta de Galicia. Las consellerías de Mar y Medio Ambiente datan esa guerra no tan soterrada en el 2018. Al menos fue a partir de esa fecha cuando percibieron un cambio en el Ministerio de Transición Ecológica, que, apuntan, comenzó a aplicar una interpretación cada vez más restrictiva de la Ley de Costas y su reglamento. Una normativa que, además, Madrid intentó modificar sin consultar primero al sector afectado: la cadena mar-industria alimentaria. Un conglomerado vital para la economía de Galicia: 3.705 millones de euros, de los que 2.437 corresponden a la actividad vinculada con la industria conservera y 1.271 al marisqueo.

En esa batalla se han vivido varias escaramuzas que van desde la negativa del Ejecutivo central a conceder prórrogas extraordinarias a empresas situadas en la ribera, el rechazo a la instalación de una planta de acuicultura en el puerto de Burela, el anuncio de expulsión de varias depuradoras del muelle de Tragove, la denegación del permiso para reparar un colector en Vilanova e, incluso, la anulación del plan marisquero de Galicia por no haber solicitado permiso a Costas.

concesiones

La polémica prórroga extraordinaria. La Ley de Costas del 2013 creó la figura de la prórroga extraordinaria para los títulos de ocupación de terrenos del dominio público marítimo-terrestre (DPMT). El primer encontronazo se produjo cuando empresas que habían solicitado esa extensión excepcional de la concesión comenzaron a recibir resoluciones que la ampliaban por un año —caso de la piscifactoría Tres Mares, en Lires—, u once —como fue la de Stolt en Quilmas— y no los 40 o 50 a los que consideraban que tenían derecho. Eso se debió a que la Administración central cambió la fórmula de cómputo de las concesiones, empezando a contar la prórroga desde el año en que se otorgó la concesión y no desde la fecha de solicitud. Ese sistema quedó desbaratado cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) falló a favor de Stolt y extendió hasta el 2069 una prórroga que Costas solo daba hasta el 2029. Previamente, el departamento de Ribera había aceptado las alegaciones de Tres Mares y permitió al complejo de Lires (Cee) continuar hasta el 2059.

CARMELA QUEIJEIRO

Ley de cambio climático

El nuevo recuento, solo para las nuevas concesiones. Otro de los enfrentamientos de Xunta y Estado a cuenta de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre que acabó en los tribunales fue la aprobación de la Ley de Cambio Climático. Con la excusa de la protección medioambiental, Transición Ecológica volvió a la carga para acabar con la interpretación ambigua y dejar claro que el plazo máximo de ocupación de terreno de dominio público de Costas era de 75 años a contar desde el primero en que se otorgó. La Xunta perdió la batalla en el Constitucional, que no vio esa inseguridad jurídica de las empresas a la que se aferraba la Xunta. Pero la victoria de Madrid no fue completa, dado que el alto tribunal interpretó que ese cálculo solo se aplicaría a partir de la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático y los titulares de «concesiones o prórrogas anteriores» conservarán «sus derechos adquiridos» conforme a la Ley de Costas, «incluido el término de prórroga extraordinaria de 75 años». 

Plan de explotación

Mariscar con permiso de Madrid. En plena batalla judicial también está el recurso interpuesto contra el plan de explotación marisquera de Galicia, que regula la actividad de 8.500 profesionales. Transición Ecológica pidió en el TSXG la derogación de ese plan al considerar que tendría que haber solicitado un informe perceptivo y vinculante a la Dirección General de Costas. No lo vio así el tribunal gallego, que rechazó el recurso. No obstante, el departamento de Ribera ve tan claro que necesita ese trámite que recurrió en casación el fallo del TSXG y será el Supremo el que decidirá si continúan en pie las normas para el período 2021-2023.

Oscar Vázquez

depuradoras en puerto

Continuidad en peligro. Los abogados de la Xunta y del Estado podrían verse las caras en los tribunales si consuma lo que avanzó cuando informó el plan de ordenación del puerto de Cambados. En ese documento puso en duda que tres depuradoras de mariscos pudiesen continuar asentadas en el puerto de Tragove por tratarse de negocios que no necesitan estar instaladas en la ribera del mar para su funcionamiento, por lo que «convendría estudiar el traslado de dichas instalaciones al vencimiento del plazo del título de concesión vigente», al igual que la estación de autobuses y una mueblería allí ubicadas. La conselleira de Mar aseguró en mayo que acudiría a los tribunales si Costas expulsa a tres depuradoras del puerto de Cambados. 

planta de salmón

Conflicto de competencias en Burela. Costas también ha puesto reparos a la instalación de una granja de cría de salmón con sistema de recirculación de agua en el puerto de Burela. La Xunta se dirigió a Transición Ecológica para pedir un informe de evaluación ambiental y Madrid respondió con una negativa que no habla de viabilidad sino de imposibilidad de instalarse en esos terrenos portuarios porque no necesita estar al lado del mar, al emplear sistema de recirculación. Claro que al tratarse de un puerto autonómico, el Ejecutivo gallego ha visto invadidas sus competencias.

emisario

Vilanova no puede reparar el colector. La interpretación restrictiva del artículo 32 de la Ley de Costas, ese que dice que «solo se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación», se ha llevado en los despachos de Teresa Ribera a tal extremo que el Concello de Vilanova ha visto denegado el permiso para renovar y reparar el colector que lleva sus aguas residuales hasta la depuradora de Cambados. Todo porque una parte de esa red discurre por un sistema dunar como es la playa de As Brañas cuando bien podría hacerlo fuera de la ribera del mar. Que eso precise de un desembolso extraordinario no es razón suficiente como para permitir la obra tal y como estaba prevista. Tampoco ha tenido en cuenta que las deficiencias del colector generan vertidos a la ría más productiva de Galicia: Arousa.