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La Xunta estima que el veto a la pesca de fondo afectará a 4.400 tripulantes

Manuel Varela Fariña
M.Varela SANTIAGO / LA VOZ

SOMOS MAR

Boyas características del palangre de fondo de Burela (en la foto) y Celeiro, un arte de los más selectivos y con menor impacto sobre el fondo marino que perderá caladeros tradicionales porque la Comisión los cerrará en Gran Sol
Boyas características del palangre de fondo de Burela (en la foto) y Celeiro, un arte de los más selectivos y con menor impacto sobre el fondo marino que perderá caladeros tradicionales porque la Comisión los cerrará en Gran Sol PEPA LOSADA

La conselleira de Mar explica en el Parlamento que la medida tendrá un impacto de 816 millones de euros para la economía gallega

28 sep 2022 . Actualizado a las 17:48 h.

La conselleira de Mar, Rosa Quintana, compareció esta mañana en el Parlamento a petición propia para informar sobre la estrategia de la Xunta ante el veto de Bruselas a la pesca de fondo, que cifró en un impacto de 816 millones de euros para la economía gallega y que afectará a 4.400 tripulantes, es decir, a cuatro de cada diez profesionales del sector. «Queremos que o sector teña futuro, que siga tendo vida, e para iso imos traballar», terminó emocionada una intervención en la que alertó sobre el «colapso de moitas outras actividades» que conlleva este veto. 

La titular de la Xunta en este área pidió a la Comisión Europea la aprobación de una moratoria de dos meses a la prohibición de faenar en 87 zonas repartidas entre el norte de Irlanda y el sur de España. «Dado que en novembro se vai revisar esta medida, a comunidade pide un período de gracia de dous meses, pois retrasala dous meses non provocaría danos irreversibles nos hábitats, pero si pode provocalos na frota», reclamó. Quintana advirtió así que la norma europea «obvia que nas áreas acoutadas se viña pescando desde hai décadas, e mesmo séculos, sen que esa actividade afectase aos hábitats», por lo que lamentó la «urxencia» de adoptar una medida de este calado «tan prexudicial para a frota, sen facer unha consulta previa seria ao sector e aos países afectados».

La conselleira insistió en la necesidad de que el Estado español interponga un recurso judicial contra este reglamento y evitar así su aplicación, como ya planteó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la semana pasada, especialmente después de que Bruselas rechazase paralizar su entrada en vigor. En caso de que el Ejecutivo central decida no presentar el recurso, será la Xunta quien lo haga, si bien reconoció que contará «con menos posibilidades de prosperar». 

Entre tanto, la Xunta continuará buscando aliados para formar un frente común ante la decisión de la Comisión Europea. Este viernes se reunirán en Santander representantes de los gobiernos autonómicos de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Andalucía para trabajar «da man na defensa do sector». La Consellería iniciará también contactos con otras regiones pesqueras europeas afectadas y con representantes del Parlamento Europeo para «tentar frear este despropósito, posto en marcha con datos parciais e sen actualizar».  

El Gobierno gallego solicitará también un encuentro con el comisario de Medio Ambiente, Océanos e Pesca, Virginijus Sinkevicius, y la directora xeral de Asuntos Marítimos e Pesca, Charlina Vitcheva, para «expoñer as consideracións de Galicia sobre este asunto».