El comentario de Aetinape aparecido en este diario da en el clavo: «Nadie asume la responsabilidad de su fracaso». Y lo dice la asociación náutico pesquera porque nadie estaba ahí para enterarse y conocer la pretensión del Parlamento Europeo y del Consejo de regular la pesca y las poblaciones en aguas profundas en el Atlántico nororiental, tal como ya figuraba en el reglamento de 14 de diciembre del 2016. Nuestros adocenados representantes han tenido casi seis años para tratar de defender nuestros intereses, si la razón nos asiste. Porque esa sería otra cuestión.
Ante los requerimientos de la Comisión Europea para la presentación de datos relativos al sistema de localización de buques (SLB) y a los datos pertinentes de las actividades pesqueras de especies en aguas profundas, las diferentes administraciones no supieron o no se preocuparon en conocer por dónde iban los tiros de tales requerimientos. Así, con verdadera desidia, unas veces informaban y otras no.
Es inaudito que el reglamento, aprobado el pasado día 15 de septiembre, diga en su apartado 13 que «el Comité de Pesca y Acuicultura no ha emitido ningún dictamen en el plazo establecido por su presidente». Resulta cuando menos curioso que España, siendo la primera potencia europea en pesca y acuicultura, y formando parte de dicho Comité de Pesca, no haya emitido dictamen alguno en el asunto en cuestión.
También cabría preguntarse si el dictamen del CIEM (Consejo Internacional para la Exploración del Mar) contó con el voto favorable de España. De ser así, ¿de qué nos quejamos si nos vetan 87 áreas de pesca en aguas profundas?
Era entonces, a partir del 14 de diciembre del 2016, y no ahora, en tiempo de descuento, cuando había que preocuparse de las pretensiones de la Comisión y poner toda la carne en el asador y no rasgarse las vestiduras a destiempo, tal que acostumbramos con nuestros aspavientos que para nada le importan a Bruselas y a Estrasburgo. La aportación de razones tenía que haberse producido durante los talleres que el CIEM organizó con los Estados miembros, entre octubre del 2019 y septiembre del 2020, en los que, por supuesto, España estaba presente.
El reglamento cogió dormidos a los responsables pesqueros de nuestro país. Y es lamentable ver cómo ahora, unos y otros, tratan de sacar ventaja política de la desidia de sus propios representantes comunitarios.
Y ante semejante tropa, todavía hay quien piensa que el pescado es caro.