La Audiencia Nacional instruirá la causa del naufragio del Villa de Pitanxo
SOMOS MAR
El juez ha consultado sobre la utilidad de bajar al pecio, según los familiares
10 sep 2022 . Actualizado a las 09:01 h.Ni Marín, ni Vigo, ni Cangas, ni Torrelavega, como sugerían las diferentes partes personadas en el proceso. Finalmente, será el juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional el que se hará cargo de instruir la causa abierta por el naufragio del Villa de Pitanxo, el pesquero que se hundió el 15 de febrero pasado a 250 millas de las costas de Terranova, y en el que fallecieron 21 personas (los cuerpos de doce de ellos no se han encontrado). Es, en todo caso, un punto y seguido para esa sala, pues fue su magistrado, Ismael Moreno, es quien tomó declaración en junio pasado a los tres supervivientes del accidente y el que dictó medidas las cautelares que todavía están en vigor contra dos de ellos: el patrón del pesquero, Juan Padín Costas, y su sobrino, el marinero Eduardo Rial Padín.
Que Moreno se quede el caso no quiere decir que esté del todo clara a qué instancia corresponde investigar las diligencias remitidas en marzo a la Audiencia Nacional por la Guardia Civil de Pontevedra. Subsisten las dudas y hay pareceres dispares al respecto, como queda patente en las alegaciones que las partes personadas en el caso han hecho al informe del Ministerio Fiscal que solicita que se envíe la causa a los juzgados de instrucción de Vigo después de que los de Marín, puerto donde el Villa de Pitanxo tenía su base, rechazasen la competencia. Pero han transcurrido casi siete meses del naufragio, seis desde que llegó el atestado de la Comandancia pontevedresa, cuatro justos desde que se solicitaron medidas cautelares para el patrón y su sobrino, y la investigación seguía sin tener una instancia asignada. Una suerte esa de limbo judicial a la que el juez Moreno ha decidido poner fin. Lo ha hecho con la intención de evitar «dilaciones innecesarias» en la instrucción de una causa en la que tanto la Fiscalía como la Audiencia Nacional han apreciado que hay indicios de delito de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores.
Para dictar su disposición, el magistrado se aferra al principio de la ubicuidad definido por el Tribunal Supremo, que viene a otorgar la competencia en un caso al que primero haya intervenido: «El juez [...] que primero haya iniciado las actuaciones procesales será en principio competente para la instrucción de la causa», recoge el auto. Este aclara, además, la intención de los juristas del Supremo al tomar ese acuerdo, que era el de disminuir las cuestiones de competencia para evitar «dilaciones derivadas» de conflictos por la jurisprudencia.
«De hecho —añade el texto— en el presente procedimiento, por las diferentes partes personadas, se hace mención a la hipotética competencia de los juzgados de Marín, Vigo, Torrelavega y este juzgado central de instrucción, número 2, añadiéndose también el de Cangas en el auto dictado por el juzgado de Marín que rechazaba la competencia».
La decisión de Moreno coincide con los deseos de los familiares de las víctimas, que ayer manifestaron su satisfacción por que continúe la instrucción en la Audiencia Nacional y, sobre todo, por que, según aseguraron, el juez habría dictado una providencia que abre la puerta a una posible bajada al pecio del pesquero.
Bajada al pecio
María José de Pazo, portavoz del colectivo, explicó que en ese escrito, del jueves pasado, el magistrado pide a la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) que informe «acerca de la cualificación de su personal para elaborar el informe relativo a las causas del siniestro con los datos obrantes en el procedimiento, así como la posibilidad, utilidad y necesidad de acceder al pecio», resume.
Ese oficio es el que infunde optimismo a los familiares, dado que el Gobierno dijo que enviaría un robot a grabar imágenes si lo pedían los técnicos o la investigación judicial.
La armadora se interesó por que se juzgara el caso en Marín; y el patrón, en Vigo
Mientras la representación legal de los familiares personados en la causa se pronunciaba a favor de que esta siguiese en la Audiencia Nacional en manos de Ismael Moreno, los abogados de la casa armadora, Pesquerías Nores, solicitaron en sus alegaciones la inhibición en favor de los juzgados de Marín. Por su parte, la del patrón del pesquero, Juan Padín, mostró su adhesión a la solicitud del Ministerio Fiscal para que el caso recayese en las salas de instrucción de Vigo. Esta última propuesta de la Fiscalía obedecía a que el vigués fue el último puerto español en el que estuvo el Villa de Pitanxo.
Interrogatorio
Lo cierto es que el titular del Juzgado Central número 2 no es ajeno a la tragedia. Aparte de ser el primero en leer las diligencias incoadas por la Guardia Civil después de interrogar a los supervivientes del naufragio —el patrón, citado como investigado, su sobrino y el marinero ghanés Samuel Koufie, ambos como testigos—, tomó declaración a los tres marineros cuando dos hijos de los fallecidos solicitaron medidas cautelares contra Padín para evitar que volviese a embarcar, como al parecer iba a hacer cuando apenas habían transcurrido dos meses del naufragio en Terranova.
A raíz de esas comparecencias, el juez ordenó al patrón presentarse en el juzgado cada 15 días e informar de cualquier cambio de domicilio, además de retirarle el pasaporte y prohibir su salida del territorio nacional.
