La OPP-20 negocia una solución extrajudicial con las familias de los menores que atacaron la hatchery

El pasado martes, la dirección de la OPP-20, la organización de productores que aglutina al sector marisquero y pesquero de A Illa, mantuvo una reunión para analizar el episodio registrado durante el fin de semana en Punta Quilma: alrededor de una quincena de menores fueron identificados por la Guardia Civil tras entrar en el recinto del criadero de moluscos allí ubicado, y causar en él importantes destrozos. Cristales rotos, puertas forzadas o, literalmente hechas pedazos, y material dañado, son algunos de los desperfectos ocasionados en una sucesión de días de desenfreno en el interior del edificio.

Con los menores identificados por las fuerzas del orden, se abría el debate sobre qué pasos dar desde la entidad. «Chegamos á conclusión de que se trata de rapazada moi nova, había algún chaval de trece anos. E a decisión que tomamos foi a de intentar chegar a un acordo coas familias para intentar evitar ir a xuízo», explicaba ayer el presidente de la organización y patrón mayor de A Illa, Juan Rial Millán.

Así que desde ese órgano se ha contactado con varias de las familias en cuestión —otras aún no han sido localizadas—, con las que se realizó una visita al criadero de moluscos a fin de que pudiesen comprobar ellos mismos los daños ocasionados en el recinto. La empresa que tiene previsto hacerse cargo de la explotación de la planta ha decidido asumir algunos de los arreglos pendientes dentro de su plan para la puesta en marcha de la instalación, lo que supone una reducción en la factura a la que tendrán que hacer frente las familias. «Houbo uns danos considerables que hai que afrontar, pero confiamos en chegar a un acordo bo para todas as partes», dice Millán.

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