Los familiares del Villa de Pitanxo acusan al Gobierno de obstruir la investigación pericial
SOMOS MAR
Denuncian presiones políticas a los técnicos para que no pidan bajar al pecio
30 jul 2022 . Actualizado a las 04:45 h.Pedro Sánchez viajó a Galicia de urgencia el 21 de febrero para dejarse ver y retratar recibiendo a los tres supervivientes del Villa de Pitanxo a su llegada al aeropuerto de Santiago. También mantuvo una reunión en Lavacolla con los familiares presentes de los tripulantes fallecidos. Les prometió «hacer lo posible y lo imposible» para conocer las causas del naufragio. Aquella promesa hace meses que se la llevó el viento. Por eso, la relación entre los familiares de los fallecidos y el Gobierno de España se ha ido deteriorando hasta volverse, aparentemente, irreconciliable. Ayer, los familiares de los 21 fallecidos (12 aún sin localizar) lo evidenciaron en un escenario simbólico, frente a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.
El hijo de uno de los muertos leyó un comunicado cargado de reproches contra el Gobierno, en general, y contra Sánchez en particular. La principal crítica, por novedosa y grave, sitúa al Ejecutivo presionando a los técnicos encargados de la investigación civil para que no soliciten enviar un robot para inspeccionar el pecio. Una maniobra que sí se hace en otros naufragios y que aportaría más información para conocer la verdad. Los funcionarios presuntamente presionados pertenecen a la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Los familiares de los fallecidos aseguran tener la información fidedigna necesaria para formular tal acusación. También añaden que ya se lo trasladaron a la ministra afectada, Raquel Sánchez, en la reunión mantenida el pasado martes, a la que no acudieron técnicos de la Ciaim pese a haberlo solicitado expresamente.
La acusación, de ser cierta, deja al Gobierno de España en una posición delicada y compleja de salvar. Lo primero, por realizar esas presiones; y lo segundo, por defender que solo hará bajar un robot al pecio si lo pide la investigación judicializada o la pericial, que depende del propio Ejecutivo que, presuntamente, estaría presionando a sus funcionarios para que no reclamen el descenso de un robot al casco. Los familiares aseguran que su acusación es cierta, que manejan la información desde hace días y que incluso se la espetaron a la ministra afectada en la reunión del martes. Ella, según explica un testigo del encuentro, alegó: «Me gusta hablar con rigor y no se puede hacer caso a los rumores», comentan.
Gestión opaca
Los familiares explican que las presiones serían la última evidencia de una gestión opaca por parte del Ejecutivo central en todo lo referido al Villa de Pitanxo. Recuerdan que el Gobierno primero dijo que la zona del accidente era competencia de Canadá, cuando son aguas internacionales. También alegó que no disponían de la tecnología necesaria para un trabajo así, cuando los familiares demostraron que hay cinco buques propiedad del Estado que podrían hacerlo. El Gobierno incluso aseguró a La Voz que su mejor robot solo puede bajar un máximo de 1.000 metros, cuando ni se ha medido, casi medio año después del naufragio, a qué profundidad se ubica el casco, que podría estar entre 700 y 1.000 metros. También se alegaron problemas de inseguridad, que en este caso concretamente desmintieron las autoridades de Canadá.
Solicitan ayuda a empresas privadas para que les presten un barco para ir a Terranova
Los familiares de las víctimas del Villa de Pitanxo también pidieron ayuda a empresas privadas para que les presten un barco con el que ir hasta el lugar del suceso, a 450 millas de Terranova, y poder bajar al pecio. Ese barco prestado se completaría con el robot que una empresa de Noruega ofreció hace semanas a los familiares a través de la Xunta. «Solicitamos a empresas privadas, particulares o gente buena de este país o de otros que cedan un buque con el que poder llevar el material necesario hasta Terranova para obtener pruebas bajando al pecio», explicó el hijo de un tripulante fallecido frente a la Subdelegación del Gobierno. Este añadió: «Lo único que nos hace falta es un buque que pueda tardar entre 15, 20 o 30 días en realizar el viaje de ida y de vuelta y las operaciones de búsqueda. Ya que el Gobierno de España no lo hace, lo solicitamos nosotros».
Los familiares expusieron igualmente los paralelismos que existen entre el hundimiento del Villa de Pitanxo y los accidentes del Alvia, de Spanair o del Yak-42, «con políticos que no asumen su responsabilidad, que tratan de tapar y ocultar información, que culpan a terceros y no asumen sus responsabilidades». Ayer mismo, nuevamente, los familiares volvieron a dirigirse al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para saber cuándo será la reunión con integrantes del Ciaim que solicitaron hace tiempo y de la que no obtuvieron respuesta hasta ahora.
