Ence, pendiente del Supremo, a un año de la anulación de la prórroga de Costas
SOMOS MAR
La empresa insiste en que reubicarse es imposible y se confía a la vía judicial
15 jul 2022 . Actualizado a las 08:37 h.Dos sentencias de la Audiencia Nacional, fechadas el 15 de julio del año pasado, causaron un terremoto político, social y económico en Pontevedra y también en el sector forestal gallego. Los dos fallos judiciales dieron la razón al Concello de Pontevedra y a Greenpeace y la Audiencia Nacional anuló la prórroga de la concesión de Costas que recibió Ence en la recta final del último Gobierno de Rajoy. Ahora, cuando se cumple un año de esas resoluciones y recurridas esas sentencias, todos miran al Supremo.
¿Qué implicó la anulación de la prórroga de Costas de Ence en Pontevedra?
El Gobierno de Rajoy dio a Ence una prórroga por 60 años, que aseguraba la continuidad de la fábrica de Lourizán hasta el 2073. Esa ampliación de su permanencia en Pontevedra fue recurrida por el Concello, Greenpeace y la APDR. Hace un año se conoció el resultado de las dos primeras alegaciones y la tercera lo fue en octubre. La Audiencia Nacional anuló la prórroga y dejó a Ence sin título legal para seguir en Lourizán. La empresa recurrió a su vez ante el Supremo, que es el procedimiento que se sigue en la actualidad y que lo decidirá todo.
¿Por qué anuló la prórroga de la concesión?
La Audiencia Nacional sostiene que Ence está en una localización «singular» y por lo tanto la compañía tiene la «exigencia de justificar la necesidad de ubicación de la factoría en el dominio público marítimo terrestre». Se indicó que solo se puede permitir la ocupación de esa primera línea litoral «para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación». La sala entendió que la justificación aportada no cumplía ese requisito y anuló la prórroga.
¿Qué tiene que decidir el Supremo?
El alto tribunal estatal aceptó once recursos presentados por la compañía, empresas auxiliares y otras entidades, que se oponen a la anulación de la prórroga de la concesión. El Supremo decidirá, se supone que este año, si confirma la resolución de la Audiencia Nacional, y por lo tanto Ence tendrá que irse; o si por lo contrario, confirma la prórroga y entonces la fábrica podrá continuar en Lourizán.
¿Qué dice el Estado?
El Ministerio de Transición Ecológica es partidario de que Ence se reubique en otra parcela industrial en Galicia y abandone los terrenos de Pontevedra. Un estudio de ubicaciones alternativas al que se comprometió el secretario de Estado, Hugo Morán, no ha visto aún la luz.
¿Y qué opina la empresa?
Ence ha mantenido una postura uniforme. Considera que la prórroga de la concesión del 2016 fue conforme a derecho y lucha por ese reconocimiento ante el Supremo. El consejero delegado de la empresa ha repetido en varias ocasiones a lo largo de este año lo que expuso también a los inversores en un encuentro telemático el verano pasado: «Nuestra primera opción es Pontevedra hasta el 2073». En base a un informe técnico especializado, Ence asevera que no hay ubicación alternativa para una planta como la de Pontevedra en Galicia,.
¿Qué está en juego?
Ence recuerda que su planta de Lourizán es vital para el sector forestal gallego y que cinco mil familias dependen de su funcionamiento desde productores de madera a camioneros y su propia plantilla. La Xunta apoya la continuidad de la fábrica. El Concello argumenta que Ence debe buscar otro sitio en Galicia y que la ría debe liberarse de fábricas..
¿Qué pasaría si Ence pierde ante el Supremo?
Tendría que cerrar al carecer de amparo jurídico para continuar. Las inversiones previstas en la modernización de la factoría pasarían a destinarse a ampliar Navia, en Asturias; Galicia perdería su única papelera y el impacto económico para empresas auxiliares, forestales y de transformación de madera sería muy cuantioso. La compañía tampoco podría garantizar la continuidad de los puestos de su plantilla de Lourizán, que los perdería.
¿Y si gana?
Ence se comprometió en mayo de este año a que, si la prórroga de la concesión del 2016 se declarase vigente por el Supremo, invertirá en Lourizán 395 millones de euros en la modernización de su planta pontevedresa.
¿Se está explorando alguna otra salida jurídica al conflicto?
Sí. La Autoridad Portuaria ha solicitado al Gobierno la incorporación de los terrenos de Ence y de Elnosa al área de servicio del puerto de Marín. Pasaría a regirse por la Ley de Puertos y no por la de Costas. Por ahora y de palabra, en Madrid no ven viable esa opción, pero aún no se ha resuelto la propuesta..