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El juez deja en libertad al patrón del Villa de Pitanxo, pero le prohíbe salir de España

e. a. REDACCIÓN / LA VOZ

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Atlas

Padín admite la red embarró, pero mantiene que el motor principal se paró

07 jun 2022 . Actualizado a las 07:58 h.

Juan Enrique Padín Costas, patrón del Villa de Pitanxo, no irá a prisión, como pretendían las familias de los 21 marineros fallecidos en el naufragio del pesquero del Grupo Nores, ocurrido el pasado 15 de febrero a 250 millas de Canadá. El juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, no aprecia un riesgo de fuga como para adoptar la «medida de carácter excepcional» que es la prisión provisional incondicional. A entender del magistrado, existe «arraigo suficiente» como para decretar la libertad de Juan Padín, al que, no obstante, se le prohíbe salir del territorio nacional y se le retira el pasaporte. Además, tendrá que comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado que le corresponda por su residencia y está obligado a informar al órgano judicial de cualquier cambio de domicilio que se produzca, así como a facilitar un teléfono de contacto. De incumplir alguna de esas medidas cautelares, sí se expondría a la prisión provisional.

El juez no dice nada en el auto de la inhabilitación especial o la suspensión para ejercer la profesión durante el tiempo que dure el procedimiento que pedían los familiares de los fallecidos, pero estos entienden que tener que presentarse cada quince días en el juzgado es suficiente garantía de que no se va a embarcar, al menos no en una campaña de larga duración.

Ismael Moreno dictó el auto después de escuchar durante cinco horas a los tres supervivientes del naufragio del Villa de Pitanxo. Empezó tomando declaración como testigo a Samuel Koufie, el marinero ghanés que al declarar ante la Guardia Civil cuando ya estaba en España corrigió su versión inicial sobre lo ocurrido en las horas previas al naufragio frente a Terranova. A continuación fueron interrogados el patrón, en calidad de investigado, y su sobrino, Eduardo Rial Padín, que intervino como testigo.

Según las familias personadas, el patrón del pesquero solo contestó a las cuestiones planteadas por su defensa y por la Fiscalía. Fuentes conocedoras de las declaraciones señalan que el patrón admitió que la red embarró, aunque se mantuvo en la versión de que la causa del hundimiento del pesquero fue la parada del motor principal, que provocó la entrada masiva de agua y una pronunciada escora a babor que acabó por llevar el barco a pique. Las familias de las víctimas hacen ver que es la primera vez que el patrón habla de que el aparejo se enganchó y sostienen que lo habría hecho por las declaraciones de los marineros del Playa Menduíña Dos, que afirmaron que Padín había dicho al poco de ser rescatado que la red había quedado embarrada.

Menos chalecos que tripulantes

De que había «elementos indiciarios» de la posible comisión de 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores ya había dejado constancia la Audiencia Nacional el pasado marzo. Y ahora recoge un informe de la Capitanía Marítima de Vigo sobre el despacho del Villa de Pitanxo que «permite suponer» que el barco «carecía de medidas de seguridad para tres tripulantes». Según ese expediente, tanto el certificado de conformidad como el de navegabilidad indican que «el número total de personas para las que se ha provisto dispositivos de salvamento era de 22». Sin embargo, en la protesta de mar firmada por Padín ante el cónsul general de España en Montreal a bordo iban 24 tripulantes, por lo que faltarían chalecos salvavidas y trajes de supervivencia para algunos marineros. Un posible delito, por tanto, contra los derechos de los trabajadores que, hace ver el juez, «es susceptible de ser cometido por personas jurídicas».

Con todo, aún está pendiente de dirimir qué instancia judicial se encargará de la causa.