La patronal pesquera quiere garantías de que no se van a alterar los repartos de cuota ya hechos

El sector pesquero profesional agradece que por fin se aborde la regulación de la pesca recreativa y de los recursos genéticos. También aplaude que se hayan revisado al alza algunos coeficientes reductores e incorporado a nuevos colectivos, como las rederas y los buzos profesionales. Y ven con buenos ojos las disposiciones de la Ley de Pesca Sostenible que refuerzan la investigación pesquera y la creación de un foro asesor en el que los profesionales tendrán cabida. Pero todo eso no es suficiente para dar al sector lo que realmente necesita: seguridad jurídica. Es lo que asegura la Confederación Española de Pesca (Cepesca), que reclama un texto que explicite con más garantías que los nuevos criterios de reparto que introduce de las posibilidades de pesca no afectarán a los ya realizados conforme a la ley vigente. Lo recogido en la disposición adicional cuarta, que consagra las distribuciones ya hechas, no calma los temores de aquellas empresas pesqueras que, en base a los repartos ahora en vigor, «han realizado importantes inversiones para garantizar su futuro, adaptando su capacidad operativa o comprando o alquilando cuotas a otras empresas», explica Javier Garat, secretario general de Cepesca, que abunda en que una revisión de esos repartos «provocaría serios perjuicios a muchas empresas».

También recelan de la expropiación de cuotas «sin compensación» que la ley prevé para aquellas empresas que no las utilicen durante dos años seguidos. Garat sostiene que esta medida «podría suponer un enorme perjuicio para las empresas que llevan años invirtiendo para contar con las suficientes posibilidades de pesca que aseguren su rentabilidad a futuro». El secretario general de Cepesca recalca que las compañías pesqueras son las principales interesadas en exprimir al máximo las posibilidades que la UE concede a España, pero «en lugar de amenazas, lo que necesitamos es flexibilidad y políticas que favorezcan los intercambios y posibilitar una pesca sostenible, pero también rentable».

La patronal critica también, por excesiva, la reserva del 10 % de las cuotas que pretende hacer el Estado. Exagerada si se tiene en cuenta que, hasta ahora, siempre ha tenido suficiente con un 2 o un 3 %. Por eso que cambiar ese 10 por un 3 % en la ley sería lo más adecuado para no crear «una disfunción indeseada en la gestión de las posibilidades de pesca por parte de las empresas».

Lo que echa en falta

La patronal pesquera echa en falta en el texto de la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera un artículo como el 64 de la actualmente en vigor. Un apartado que hace referencia a la adopción de medidas para el fomento de las sociedades mixtas. Para el sector, este tipo de sociedades son importantes para la creación de empleo y riqueza, tanto en España como en los países donde realizan importantes inversiones, así como por su contribución al abastecimiento de pescados y mariscos al mercado español y a la soberanía alimentaria de la UE.

Para corregir todos esos aspectos, Cepesca contactará con los distintos grupos parlamentarios para «favorecer un replanteamiento y que, a la hora de la votación del nuevo texto en el Congreso y el Senado, se aprueben unas enmiendas que tengan en cuenta el trabajo de los armadores y pescadores y promuevan al mismo tiempo una mejor gestión de los caladeros durante los próximos años», apuntan desde la patronal. Porque, hasta el momento, como colectivo profesional no han tenido mucho éxito: «De las 46 propuestas de modificación del texto presentadas por Cepesca, solo se han tenido en cuenta un par de ellas». De hecho, según Garat, «el sector pesquero puede contribuir a la mejora de este texto adecuándolo a la realidad y las necesidades de nuestro sector, pero para ello necesitamos que el Gobierno tenga en cuenta nuestras propuestas, hasta ahora prácticamente ignoradas».

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