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El Supremo dirá si Costas puede «usurpar» a Galicia la gestión del marisqueo

Somos Mar REDACCIÓN / LA VOZ

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Mariscadoras en Galicia
Mariscadoras en Galicia CARMELA QUEIJEIRO

Transición Ecológica recurre la sentencia del TSXG que le niega competencias en la gestión

07 may 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Alegando presuntas infracciones de determinados artículos de la Ley de Costas y de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, el Ministerio de Transición Ecológica ha formalizado el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que le niega competencias en la gestión marisquera en Galicia.

Será, por tanto, en el Tribunal Supremo donde se dirimirá si la Consellería do Mar debe pedirle a Costas un informe «preceptivo y vinculante» para planificar con las cofradías la extracción de bivalvos, crustáceos y algas, como defiende el ministerio que preside Teresa Ribera, o no, como dictaminó el TSXG, sosteniendo que tener la titularidad de las áreas litorales «no puede esgrimirse para usurpar» la competencia exclusiva de la Xunta en el marisqueo.

El abogado del Estado que representa a Transición Ecológica considera «relevantes y determinantes» en el fallo del TSXG las normas jurídicas supuestamente infringidas, reza el auto enviado por el alto tribunal gallego a los demandados. Además de la Consellería do Mar, son cofradías de pescadores y federaciones de pósitos, colectivos de mariscadores y la Asociación Gallega de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade).

Las dos interpretaciones

Todos ellos tienen la opción de personarse ante el Supremo, donde se analizará la sentencia del TSXG que, entre otros argumentos, señala que aunque los espacios públicos costeros sean propiedad del Estado, Transición Ecológica no puede exigirle a la Xunta que le pida permiso para planificar el marisqueo porque «se estaría desnaturalizando la atribución competencial autonómica en esta materia».

El ministerio de Teresa Ribera da un paso más en una batalla judicial que emprendió invocando el apartado de la Ley de Costas que lo legitima para exigirle al Gobierno gallego un informe obligatorio en el caso de «declaración de zonas de interés para cultivos marinos, concesiones y autorizaciones» y, también, la Lei de Pesca de Galicia para el «otorgamiento de las autorizaciones y concesiones». Mar lo rebatió explicando que el plan marisquero de Galicia se limita a gestionar la actividad.