La facturación de las lonjas cayó 5,8 millones en la semana más dura de paro del transporte
SOMOS MAR
El BNG cree que es el momento de exigir la paralización del plan Fit for 55
05 abr 2022 . Actualizado a las 04:45 h.Las ventas de pescado fresco en las lonjas gallegas cayeron un 60 % durante la tercera semana de marzo, la más dura del paro del transporte, con respecto al mismo período del 2019, por compararlo con un año normal, sin pandemias ni guerras de por medio. Eso hizo que el negocio pesquero en primera venta se desinflase en 5,8 millones de euros. Aunque parte de esa cantidad se pudo recuperar en cuanto se deshizo el tapón que dejó varadas en las rulas gallegas 500 toneladas de pescados y mariscos y fue posible poner parte de ese producto en el mercado, otro se perdió porque fue preciso destruirlo o venderlo con otra calidad y presentación distinta y a menor precio.
Ese es uno de los componentes de lo que muchos han dado en llamar la «tormenta perfecta». Fue el término que ayer empleó la conselleira de Mar, Rosa Quintana, para referirse al panorama en que navega la pesca gallega, que además debe capear los problemas de la logística internacional y el encarecimiento del transporte marítimo, el incremento de costes de las materias primas y, sobre todo, la subida del precio del combustible, que ahoga a unos profesionales que no tienen opción a repercutir esas alzas en el precio final de su producto.
Y en esa tesitura, el sector marítimo pesquero gallego y la cadena mar-industria necesitan todavía más apoyos para reducir la factura energética, mejorar la liquidez de los profesionales y garantizar su rentabilidad. Quintana se comprometió a agilizar el pago de las ayudas que lleguen del Estado, a bonificar el 100 % de todas las tasas portuarias —no solo las de la pesca fresca— durante dos meses y a reactivar la campaña de promoción de productos pesqueros Galicia sabe amar. Además, seguirá reclamando más ayudas directas, la exención de las cuotas de la Seguridad Social, la inclusión de más eslabones de la cadena de la pesca como subsidiados, la reducción del IVA de los productos pesqueros y la flexibilización de la posibilidad de traspasar cuotas de pesca de un año a otro. Y, sobre todo, pedirá que se aclare si el sobrecoste en combustible entra entre los cubiertos por el fondo de pesca.
La «gota que colmou o vaso»
Esta radiografía de la situación del sector pesquero la hizo la conselleira de Mar en el pleno del Parlamento para responder a la interpelación de la portavoz de Pesca del BNG, Rosana Pérez. En una cosa están de acuerdo ambas: en que el problema del encarecimiento del gasoil no empezó con la invasión de Ucrania, sino que ya llevaba un año entero minando los beneficios de explotación. El estallido bélico fue solo la gota que colmó el vaso, dejando en el muelle a decenas de embarcaciones por falta de rentabilidad. Pero mientras la primera sostiene que el Gobierno gallego está haciendo todo lo que está en su mano para ayudar al sector pesquero a sortear la enésima crisis, la segunda reprocha la actitud contemplativa del Ejecutivo autonómico, que en lugar de tomar decisiones y acciones se limita a «vender fume» y «laiarse» de que los 68 millones de euros que el Estado lanza al rescate de la pesca son escasos. Y «é certo» que no son suficientes, pero recordó a Quintana: «Vostede está nun Goberno, non é oposición». Y como tal tiene que ejecutar y completar con urgencia esa «pírrica cantidade».
Pérez no ocultó su decepción tras escuchar a la conselleira, pues lo único que prevé es poner en marcha la reducción de tasas que anunció Feijoo el 18 de marzo, agilizar el pago de ayudas y poner en marcha una campaña de promoción. «O vaso está colmado e a Xunta segue sen dar respostas», reprochó Pérez, que cree que es el momento de «esixir a paralización absoluta da revisión da tributación dos carburantes incluído no plan Fit por 55» de la Comisión y topar el gasoil en 0,40 euros.
Quintana incidió en que la Xunta está haciendo todo lo que está en su mano, pero la reducción del IVA, la condonación de las cuotas sociales y otras medidas corresponden al Estado, negándose a que «os erros de Madrid se paguen cos impostos dos galegos».
