En un año ha perdido el 25 % de la flota y los profesionales desisten de exportar a Francia, donde antes vendían sus vieiras, nécoras y langostas, por el exceso de papeleo y las trabas burocráticas.
30 dic 2021 . Actualizado a las 04:47 h.Son casi las cinco de la tarde y, bajo la luz de las farolas, Stephen Viney amarra su embarcación en el muelle Victoria de la capital de Jersey para descargar el marisco que, hace un año, vendía en la costa francesa y que ahora, tras el brexit, no tiene más remedio que despachar en restaurantes y mercados de la isla. «Ahora estoy sobreviviendo», dice con resignación este pescador de 54 años en una entrevista a bordo de su barco, uno entre la cincuentena de buques profesionales de esta isla del canal de la Mancha dedicados, sobre todo, a las vieiras, bueyes de mar y langostas.
Desde los 16 años Viney estaba acostumbrado a zarpar casi cada día a las cinco de la mañana, pero ahora ha reducido su actividad a una salida semanal, sin ánimo para sortear la abrumadora montaña de papeleo para exportar a Francia, a 22 kilómetros de Jersey, donde anteriormente podía desembarcar y vender sin ningún trámite ni intermediario.
La isla, de 120 kilómetros cuadrados, es una dependencia de la Corona británica que, a pesar de no pertenecer al Reino Unido, sí que le ha afectado el brexit, ya que su encaje con la Unión Europea se sostenía gracias a los británicos, a través del Tratado de Adhesión de 1972 que incluía la relación con Jersey.
En la práctica, este territorio autónomo gozaba de las mismas ventajas del libre comercio como si fuese parte de la UE, pero ese cobijo se resquebrajó cuando el Reino Unido renunció a ser Estado miembro y quedó a merced del nuevo acuerdo posbrexit, que equipara sus mercancías a las del Reino Unido y las considera exportaciones para la UE.
Decepcionados con sus propias autoridades
Viney ve con recelo el goteo de permisos concedidos a los buques franceses para faenar en las aguas de Jersey en vistas a suavizar la crispación de los pescadores galos y la del Ejecutivo de Emmanuel Macron, que al ver rechazadas decenas de solicitudes francesas amenazó con cortar el suministro eléctrico de la isla.
«Nosotros, en cambio, tenemos que pagar por nuestras licencias», espeta Viney, decepcionado por el trato «discriminatorio» e «injusto» por parte de sus propias autoridades tras el anuncio de 18 nuevas licencias a mediados de diciembre, que alcanzan un total de 83 adicionales.
Harto de estar «ahogado» con tanta política, desea «volver a ser pescador» y que sus dirigentes «luchen» por un sector al que «han dejado de lado»: «Definitivamente somos los desamparados, somos solo 100.000 personas en esta isla y principalmente las finanzas son el interés principal», lamenta.
Una licencia para un barco como el suyo, de casi 12 metros de eslora, dice costar alrededor de 90.000 libras (106.000 euros) mientras otro pescador, Wyne Lowe, asegura que para su barco es de más 100.000 libras (117.800 euros). «Y a los franceses les dan permisos gratis», se queja Lowe, que considera que les están dando «demasiados». A punto de jubilarse, también ha dejado de vender marisco en Normandía por el aumento de papeleo y coste: «Ya ni me molesto», dice.
Mismas aguas, trámites diferentes
La diferencia de precios por pescar en las mismas aguas ha provocado malestar entre los pescadores jerseyeses, que salieron a manifestarse a mediados de diciembre en las calles de la capital, Saint Helier, en una situación que les confronta con su propio dicho: «La política y la pesca, nunca mezclados».
«Ahora precisamente tenemos una situación en la que todo es retórica política», expresa Don Thompson, el presidente de la Asociación de Pescadores de Jersey, que interpreta la posición agresiva del Palacio del Elíseo en el horizonte de las elecciones presidenciales francesas en el 2022.
Les desconcierta el título del Acuerdo de Comercio y Cooperación (TCA) cuando ellos solo ven obstáculos, como la clasificación que hace la UE de su género en la categoría B, mientras que el que capturan los pescadores franceses en las mismas aguas es de categoría A.
«Algo de eso no tiene lógica, no tiene sentido», concluye el pescador, que tampoco entiende cómo el mismo producto, del mismo sitio, es una exportación para unos y una venta directa sin controles para otros.
Ante la pérdida del 25% de su flota este año, según datos de la asociación, Thompson ve un final desesperanzador para la industria tradicional pesquera que, a pesar de no ser un sector tan fuerte en ingresos como las finanzas no deja de ser «culturalmente importante para la isla».