Están convencidos de que el Hidden Gem está en puerto para ser reformado y ser la primera embarcación clasificada para acometer prospecciones en el fondo del mar
11 dic 2021 . Actualizado a las 04:47 h.Veinte activistas de Greenpeace Holanda, Alemania y Suiza escalaron el viernes un gigantesco buque de minería submarina en el puerto holandés de Róterdam para denunciar que está preparándose para la realización de prospecciones mineras en el océano en el 2022 y denunciar «su devastador riesgo ambiental».
La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (International Seabed Authority-ISA), está reunida en Kingston (Jamaica) para decidir si se autoriza la minería submarina en aguas internacionales en los próximos dos años. De aprobarse por primera vez la explotación comercial de la minería submarina, se podría causar «un daño irreversible» al ecosistema más grande de la Tierra, acabando con mucha especies y empeorando la crisis climática, según la oenegé.
Tras escalar la embarcación, paradójicamente llamada Hidden Gem (la gema oculta), los activistas desplegaron una pancarta con el mensaje «No a la minería en aguas profundas».
El barco de perforación, de propiedad suiza y más largo que dos campos de fútbol, está en el puerto de Róterdam para ser reformado y podría convertirse en el primer barco del mundo en ser clasificado como buque de minería submarina por el American Bureau of Shipping.
Según Greenpeace, el trabajo se está llevando a cabo en asociación con la firma canadiense The Metals Company (antes DeepGreen), que planea ya pruebas en el mar en el 2022.
«Esta monstruosa máquina está construida con fines de lucro, nada más. Sabemos más sobre la superficie de la luna que sobre el fondo marino y todavía estamos descubriendo nuevas especies en las profundidades del océano, pero estas empresas solo ven símbolos de dólares allí abajo», afirmó Samuel Gosschalk, activista de Greenpeace desde Róterdam.
«Si no actuamos ahora, corremos el riesgo de ceder el destino del ecosistema más grande de la Tierra a un puñado de empresas cuyo único interés es el dinero. Necesitamos detener la minería en aguas profundas antes de que comience a explotarse comercialmente», aseveró Gosschalk.
Según la nota de Greenpeace, el Estado insular del Pacífico, Nauru, inició la propuesta de estudio de autorización de la minería en aguas internacionales en junio del 2021, «respaldada por la industria. Concretamente respaldada por The Metals company, que sorprendió en las reuniones de la ISA hablando en nombre del gobierno de Nauru». Nauru, en colaboración con una subsidiaria de propiedad total de la empresa canadiense, The Metals Company, utilizó un procedimiento controvertido dentro de la ISA llamado la «regla de los 2 años» para notificar a los Gobiernos que se comenzará a desarrollar la minería de aguas profundas a gran escala en dos años, con cualquier regla vigente en ese momento.
Este desencadenante ha sido criticado por los gobiernos de África, América Latina y el Caribe debido a importantes cuestiones pendientes de negociación, desde la equidad hasta los riesgos ambientales, cuando la covid-19 aún impide que los delegados participen plenamente en las discusiones.
Los gobiernos reunidos en la ISA esta semana discuten la hoja de ruta propuesta por el secretario general de la ISA que hace que completar estas reglas para julio del 2023 sea el enfoque principal de esta reunión de la entidad, a pesar del supuesto mandato del regulador y las obligaciones legales de los Gobiernos de proteger los océanos.
El momento de este desencadenante coincidió con la fusión de The Metals Company y su posterior cotización en el mercado de bolsa Nasdaq, lo que confirma las afirmaciones de la compañía de que podrá comenzar la minería en aguas profundas y producir ingresos para el 2024.
The Metals Company se enfrenta a un déficit de 200 millones de dólares y ahora está involucrada en múltiples casos legales, según Greenpeace. La organización afirma que hay una creciente oposición a la minería en aguas profundas por parte de gobiernos, comunidades y empresas.
En España, tanto los parlamentos de Canarias como el de Galicia han aprobado solicitar al Gobierno de España una moratoria a la minería submarina para proteger el monte submarino Tropic. Y también el Parlamento Europeo, en la resolución de 9 de junio de 2021, instó a la Comisión Europea y a los Estados miembros a promover una moratoria sobre minería submarina.
La ISA nunca ha rechazado una solicitud de licencia y exige una tarifa de 500.000 dólares por cada una, asegura la oenegé, que recuerda que científicos y ecologistas advierten que permitir que comience la minería en aguas profundas sería catastrófico para los ecosistemas del fondo marino y la salud del océano, incluidas posibles extinciones de especies y alteraciones en el sistema del almacenamiento de carbono, lo que agravaría la crisis climática.
«¿Por qué los gobiernos van a dejar que comience esta actividad, solo porque algunas empresas están presionando? Dependemos del océano. Hay mucho en juego. Necesitamos evitar que se inicie la minería en aguas profundas y necesitamos un Tratado Global de los Océanos que ponga grandes extensiones del océano fuera de los límites de la actividad humana dañina», ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de océanos de Greenpeace España.
