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Hacia una producción alimentaria sostenible viable

Fernando Otero ABOGADO ESPECIALIZADO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

SOMOS MAR

MARCOS CREO

22 nov 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

Desde hace unos años vemos cómo la UE ha emprendido el liderazgo mundial del cambio de modelo socioeconómico reimpulsado por la lucha frente al calentamiento global, lo que se traduce en una frenética actividad legislativa que está reformando no solo el sistema jurídico de la Unión, sino el paradigma sociopolítico por el que nos vamos a regir. Los peligros y amenazas generan la necesidad psicológica de cohesión en torno a la autoridad, por lo que el nuevo orden está siendo acoplado con rapidez a nuestras políticas internas. Pero lo que por principio nos debe enorgullecer como ciudadanos de esta vieja Europa tan pródiga en avances sociales a lo largo de la historia, también nos impone la responsabilidad de prepararnos ante la cara B del proceso: al pairo de la oleada reformadora proliferan directivas y reglamentos que van cercando las posibilidades de desarrollar cualquier actividad de producción de bienes, de alimentos en este caso, con evidente riesgo de vernos cada día más aislados desde el punto de vista regulatorio en un contexto geopolítico global que por desgracia no va a converger ni en el grado de intensidad de nuestras reformas ni en su vertiginoso ritmo. Ha vuelto a quedar muy claro en Glasgow, como claro ha quedado en cada intento de impulsar la protección ambiental desde la Declaración de Río en 1992: la senda divergente de occidente y el resto del mundo es constante, y no va a revertir; al revés, se acentúa.

En un contexto tan propicio, nuestros competidores extracomunitarios aprovechan la ocasión y avanzan sin trabas en sus capacidades productivas mientras aquí vemos reducidas las nuestras, sin atisbo de recambio creíble ni mecanismos compensatorios más allá de las subvenciones del paquete climático de la CE. La tendencia no es del todo nueva, aunque ahora se ha visto intensificada. Las importaciones extracomunitarias de alimentos cada vez son mayores; la capacidad impuesta a nuestra flota desde Bruselas es menor; la producción agroganadera y acuícola están estancadas o en declive; y la ya escuálida autonomía alimentaria europea languidece a la vez que productos foráneos van ocupando su espacio. Y todo en aras de un nuevo orden insectívoro y feliz aleccionado por el sanedrín filantrópico global, que a la postre pone en riesgo la pervivencia de los tejidos productivos autóctonos. Un ámbito en el que también hay lugar para la autocrítica, pues una parte de los sectores vive ajena a esa realidad como si el sistema se mantuviera solo. Nadie duda de que los logros sociales han de seguir su curso: no se puede renunciar al cuidado ambiental y a nuestro potente acervo axiológico. Pero en paralelo nuestros gobernantes y la propia población deberíamos afanarnos en analizar los riesgos que nos aguardan y arbitrar medidas capaces de mitigarlos sin desatender la sostenibilidad. Porque ni el sistema compensatorio para sectores rezagados ni las expectativas puestas en los sectores emergentes de la economía verde parecen suficientes para equilibrar las bajas que nos esperan. Es crucial tratar de que sean las mínimas posibles, para lo cual debemos analizar lo que se hace en otras latitudes, alimentar nuestras fortalezas sectoriales, insistir en que los Gobiernos asuman la necesidad de ir a una transición verde justa y productiva; impedir la aplicación dogmática de la libertad de comercio sin examinar en qué condiciones anticompetitivas se produce fuera y exigir cierta reciprocidad a las importaciones extracomunitarias, y abrir la mirada a la necesidad de modular algunos radicalismos en aras de nuestras capacidades productivas y de una mínima autonomía alimentaria.

Equilibrio, en suma. Ser capaces de combinar esos y otros factores, una tarea de todos, va a ser indispensable en el camino de la transición justa, ponderada y productiva.