Como tantas otras veces en los últimos años, nuestro sector comercializador de marisco bivalvo y el propio mercado se está viendo sobresaltado con informaciones que dan cuenta de la incautación en nuestras carreteras de partidas de moluscos procedentes de Portugal. Se trata de medidas cautelares acordadas en el curso de actuaciones inspectoras que, si las analizamos, vemos que se basan invariablemente, no en la salubridad del producto (para nada cuestionada con las analíticas en la mano), sino en la detección de irregularidades formales en los documentos de registro, las llamadas guías de extracción. Un problema que a su vez genera una bola de sospechas en cuyo origen está la desconfianza de las autoridades sanitarias españolas en los mecanismos públicos de inspección de la extracción de marisco en el país vecino. Un problema entre gobiernos, pues, pero que coge en medio a los depuradores y comercializadores gallegos y, a la postre y por desgracia, a la imagen del molusco en general.
Estamos hablando de una extracción y comercialización al resto de Europa que, no hace falta recordarlo, son totalmente legales, y ni siquiera se pueden considerar importación, al tratarse de operaciones intracomunitarias. Otra cosa es que en nuestro caso sean una consecuencia no deseada de la falta de producción en estos momentos de bivalvos gallegos suficientes para acercarnos lejanamente a cubrir una cuota mínima del mercado nacional. Autoabastecimiento con nuestro propio molusco que, nadie lo dude, es lo que todo el sector comercializador y depurador anhela. Pero, lamentablemente, la situación de la producción aquí es, hoy por hoy, la que es.
Así las cosas, podemos quedarnos con esa idea y lamentar la tríada fatal de la merma crónica de la producción autóctona, la reiteración de actuaciones policiales sin profundización en la raíz del problema y el inevitable perjuicio de todo ello para la imagen colectiva de este magnífico producto que es el molusco bivalvo, o podemos asumir la realidad de frente y tratar de ponerle remedio de una vez por todas.
Y para ello lo primero es preguntarnos algo muy básico: si las incautaciones de marisco extraído en nuestras playas no pasan de anecdóticas, ¿por qué las irregularidades graves abundan en el marisco procedente de las playas de portuguesas y apenas se dan en el gallego? Esa misma pregunta nos la hacíamos en un artículo publicado aquí mismo hace ahora seis meses. Y ya entonces indicábamos algo que todo el sector conoce: la razón está en los controles.
La extracción y primera venta de bivalvos producidos en Galicia están sujetos a un muy eficiente sistema de trazabilidad en el que los documentos de registro que amparan el producto son telemáticos, mediante una plataforma que garantiza a la Administración el control de cada movimiento y su seguimiento hasta el consumidor final. Un sistema infranqueable, sin opción a manipulaciones como las que permiten, en cambio, los documentos de registro tradicionales. Galicia ha sido y sigue siendo ejemplar en el diseño y aplicación de ese sistema.
La cuestión es muy simple: operativa estricta, presión en las playas, inspecciones continuas del producto y las instalaciones de depuración y expedición, y seguimiento automatizado. Medidas elementales pero sobradamente capaces de asegurarnos la identificación de cada almeja, desde la playa a la bandeja del supermercado. A cambio, eso sí, de un incremento cuantioso de nuestros costes productivos.
Por el contrario, ¿qué pasa en los demás países, empezando por Portugal? Muy sencillo: no cuentan con un sistema equiparable. Por tanto, fuera de Galicia prolifera lo contrario a las variables de nuestro sistema: trazabilidad menos rigurosa, laxitud inspectora y menores controles analíticos. Todo ello merma su seguridad y nuestra imagen colectiva, e inunda el mercado nacional de molusco depurado y envasado fuera por operadores foráneos para su venta aquí al consumidor final.
Las cifras cantan: solo por Barcelona entra una cantidad de almeja, berberecho y navaja foránea equivalente a la producción entera de esas especies en Galicia en el 2020: unas 6.000 toneladas. Por Madrid, Granada y Sevilla entra tanto molusco foráneo como todo el berberecho y almeja babosa y fina producidos en Galicia en el 2020. El porqué de semejantes cifras es también evidente: falta de producción local. ¿O acaso alguien cree de verdad que un comprador no prefiere comprar la almeja a sus vecinos que traerla de fuera? Es evidente que no.
En suma, detrás de las deficiencias documentales que son luego el objetivo único de esa superficial política de incautaciones puntuales subyace una problemática de fondo, menos mediática pero más eficaz a la larga, de muy fácil solución si la autoridad nacional y comunitaria decide ponerle remedio de una vez: aunque los objetivos sanitarios a cumplir son idénticos en Europa, la aplicación de las normas en otros Estados miembro es muy deficiente. Los comercializadores gallegos llevan muchos años reclamando homogeneidad en los controles nacionales, pero chocamos con la timidez gubernamental y de la Comisión europea a la hora de imponerlos, mientras seguimos coexistiendo aquí con moluscos foráneos de bajo coste y menores controles.
Se acaba de aprobar una modificación importante de la normativa europea sobre documentos de registro, donde España y la Agencia de Seguridad Alimentaria (Aesan) debieron exigir, como les reclamamos insistentemente, que se implantara ya el documento de registro telemático para todas las circunstancias y países, porque ese es el único mecanismo capaz de garantizar la seguridad alimentaria y una competencia justa, al menos mientras el producto autóctono no sea capaz de abastecer los mercados, como todos los operadores gallegos desean. Sin embargo no se ha hecho, y seguimos igual. Si acaso, más convencidos por la vía de los hechos de que los problemas se irán perpetuando mientras no se imponga a todos los Estados de la Unión Europea el mismo sistema de control.