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La UE se autoasignará sus cuotas si el 20 de diciembre no hay pacto con Londres

E. abuín REDACCIÓN / LA VOZ

SOMOS MAR

DPA

Ministros de Pesca de los Veintisiete fijarán sus posiciones el lunes

09 oct 2021 . Actualizado a las 04:45 h.

Ahora que el Reino Unido se ha ido de la Unión Europea, los Consejos de Ministros de Pesca no volverán a ser lo que eran. Puede parecer nostalgia, pero no. Ocurre simplemente que apenas quedan 20 stocks que pelear entre los de casa: la merluza del sur, la cigala del Cantábrico, la anchoa y muy poco más. El resto de las especies comerciales sometidas a cuota son poblaciones compartidas entre la UE y el Reino Unido, pero también con Noruega y otros estados costeros. Por eso ayer, cuando los técnicos de la Comisión presentaron la propuesta de posibilidades de pesca para el 2021 apenas hubo cifras, ni porcentajes. Solo principios, reglas básicas, generalidades sobre el proceso de discusión y, sobre todo, plazos. Ninguna referencia al aumento propuesto para la merluza del norte, de un 13 % si se atiende a las recomendaciones científicas, ni del recorte del 51 % planteado para el rape.

Tan solo dos fechas: el 10 de diciembre, límite para cerrar un acuerdo con los demás implicados en la gestión de las pesquerías del Atlántico nororiental, y el 20 de diciembre, cuando tanto Londres como Bruselas tendrán vía libre para autoasignarse sus propias cuotas. Pero no con la licencia de barra libre que se tomó el año pasado Noruega con la xarda. El pacto escrito es fijar las cuotas de acuerdo con las sugerencias de los grupos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES). Es un proceso «diferente y raro», según admitió la Comisión, que se guiará por lo fijado en el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido. Este consagra el principio de precaución, obliga a seguir la mejor información científica de que se disponga y exige promover la óptima utilización de las posibilidades de pesca dentro del rendimiento máximo sostenible (RMS) y obteniendo beneficios sociales y económicos.

Eso es lo que figura en la sentencia de divorcio, pero la UE tiene sus propias líneas rojas. La primera, por supuesto, cumplir con la legislación internacional -puede parecer Perogrullo, pero ahí está la reprobable actuación de Noruega, Islandia y Feroe-; asegurar que lo acordado siga los principios de la política común de pesca (PCP) en términos de sostenibilidad biológica, pero -y esto casi es nuevo- también en los aspectos social, económico y promoción del empleo; que se tengan en cuenta las pesquerías mixtas, y que no se produzca discriminación real para la flota de la UE. Recoger que se garantice el level playing field o el terreno de juego igualitario sí que es realmente nuevo. Ahora habrá que esperar a ver si esa exigencia se materializa o se queda en simple declaración de intenciones.

Poco quisieron hablar los técnicos sobre el estado actual de las negociaciones con el Reino Unido. Ese debate se está llevando a cabo en el seno del Comité Especializado de Pesca, ese instrumento de mediación que recogía el mismo acuerdo de comercio y cooperación, que está compuesto por técnicos de la Comisión Europea, funcionarios de Londres y que, según explicaron los técnicos, cuenta con un delegado de cada Estado miembro. Con vistas a esas negociaciones, Galicia está ultimando, en el marco del Consello Galego de Pesca, su propia propuesta de cuotas en aguas de Gran Sol para el 2022. Lo dijo la secretaria xeral técnica de la Consellería do Mar, Silvia Cortiñas, que en respuesta a una interpelación del PPdeG sobre la estrategia de la Xunta ante el brexit resaltó que «se está ultimar un informe, en colaboración co sector, de cara á determinación dos totais admisibles de capturas (TAC) e cotas en augas compartidas co Reino Unido para o 2022». Ahora bien, aludió al mal precedente del 2021, pues la UE y el Reino Unido fijaron las cuotas -tanto las provisionales en marzo como las definitivas de junio- basándose en cuestiones medioambientales, atendiendo a las recomendaciones científicas y sin atender a las repercusiones sociales y económicas, que es, precisamente, lo que Galicia pretende.

La flota de Gran Sol agota su cupo de jurel

Desde ayer, los cerca de 28 arrastreros de bandera española que faenan en Gran Sol no tienen cuota de jurel, la han agotado; y, por tanto, solo podrán pescarlo si consiguen cantidades extra o, si queda, aplicando la exención de mínimis que permite descartar un pequeño porcentaje de ese pescado azul. Afecta especialmente a buques con base en Ondárroa, Vigo y A Coruña, que a tres meses de final de año ya han agotado los 700.000 kilos de los que disponían para el 2021. Son parte de los 1,85 millones de kilos del stock que comparten con los cerqueros y arrastreros del golfo de Vizcaya, que solo han consumido el 3 % de los 992.000 kilos que pueden pescar.

De los alrededor de 90 barcos de la flota española de Gran Sol, el jurel solo entra en las redes de los arrastreros, no en las de volanteros y no pican en los anzuelos de los palangreros de fondo. No obstante, hasta 402.000 kilos del cupo de jurel pudieron utilizarlos «para computar capturas accesorias de ochavo, caballa, eglefino o merlán». A mediados de agosto, «para evitar el estrangulamiento derivado de la obligación de desembarque», el Ministerio de Agricultura y Pesca les asignó globalmente 700.000 kilos porque entre el 2013 y el 2018 «la cantidad de capturas y descartes de ese jurel fue de 264 toneladas». Esos 264.000 kilos son poco más de un tercio de los ya consumidos en lo que va del 2021.

Dos meses atrás, Pesca repartió individualmente un millón de kilos de jurel entre cerqueros y arrastreros del Cantábrico porque «han demostrado necesidades significativas de cuota [...] en los últimos años». Recibió tantas solicitudes que se situaron «muy por encima de la cantidad que es posible distribuir».