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Percebeiros inundarán la Xunta con sus currículos si en diciembre no se ha regulado la extracción de mejilla

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

SOMOS MAR

Ana Garcia

Denunciarán en los tribunales a la Consellería do Mar si permite recoger cría de bivalvo en lugares donde crece el percebe

03 oct 2021 . Actualizado a las 04:47 h.

Percebeiros de las cofradías de Pontevedra han dicho basta. Ven que diciembre se acerca, fecha en la que los mejilloneros empezarán a ir a las rocas para extraer cría que engordar en sus bateas, y que la Consellería do Mar todavía no ha hecho nada para evitar el «grave conflito social» entre dos colectivos que puede volver a «derivar en enfrontamentos», como ya ha ocurrido en campañas anteriores.

Representantes de los pósitos pontevedreses en los que el percebe es un recurso de peso se reunieron esta semana con la directora xeral de Pesca, Mercedes Rodríguezn un encuentro del que salieron muy defraudados, pues dos años después de que las autoridades se comprometieran a resolver el conflicto, no ven «avances» ni «atisbos de solución» para modificar la «obsoleta norma do 2000» que da pie a que las zonas más ricas en percebe no acaben «arrasadas de forma indiscriminada por grupos de bateeiros que non respectan en absoluto a sostibilidade dos recursos mariños». En ese encuentro, dicen, lo que se puso sobre la mesa fue el mismo borrador de orden que obtuvieron de forma oficiosa y que, como sabían, no recogía «ningunha das zonas de reserva propostas polas confrarías para evitar a extracción de mexilla, a pesar de saberse sobradamente na consellería como están de asoladas as rochas de ditos bancos naturais». En definitiva, «unha burla en toda regra e unha total falta de respecto ao sector percebeiro galego».

Acciones de protesta

Así que se ha acabado la tregua. El colectivo de mariscadores pasa a la acción, dispuesta a defender «con uñas e dentes o sustento de moitas familias». Si llega diciembre y se permite la extracción de mejilla en las mismas condiciones, sigue guiándose por la orden del 2000, recurrirán a los tribunales para denunciar tanto la orden reguladora como el daño ecológico que se causa.