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España afea a Bruselas que la expediente para tratar de meter las cámaras a bordo

e. abuín REDACCIÓN / LA VOZ

SOMOS MAR

M. MARRAS

La Comisión apercibe a Madrid y a París por no controlar bien los descartes

25 sep 2021 . Actualizado a las 04:45 h.

Las cartas de apercibimiento que la Comisión Europea ha remitido a España y a Francia por no garantizar «el control y el cumplimiento de la obligación de que todas las capturas de especies sujetas a límites de capturas» no tienen nada de inocente. A nadie le ha pasado desapercibido que ese aviso llega justo cuando han arrancado las negociaciones a tres bandas -Consejo, Comisión y Parlamento Europeo- sobre la reforma del reglamento de Control.

«Desconocía la existencia de ese apercibimiento, pero en cuanto tuve noticia me dio la sensación de que era una forma de presión hacia la negociación. No me ha gustado», dijo la eurodiputada socialista Clara Aguilera ayer en las jornadas sobre prácticas de pesca sostenible que Acerga (Asociación de Armadores de Cerco de Galicia) organizó en Sada y en las que la ponente de la Eurocámara participó de forma telemática.

El Gobierno español sí sabía de la existencia de ese expediente. Lo conocía incluso antes de que el comisario de Pesca visitase España, pero no se le mencionó el asunto cuando vino a Galicia porque todavía no era oficial. Ahora que Bruselas ya lo ha hecho público, la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, se aferra a lo que el propio Virginijus Sinkevicius dijo antes de volar hacia las Cíes el lunes pasado: que el reglamento de control que salga de los trílogos «tiene que ser proporcionado y aplicable». Y «pretender que todos los barcos de la flota pesquera de la UE lleven una cámara a bordo no es viable», comentó Villauriz en el mismo foro, en el que participó de forma presencial.

Chantaje

Porque de lo que no le cabe duda a la secretaria general de Pesca es que estos apercibimientos son una forma de presión, una especie de chantaje, para introducir en la flota las cámaras a bordo para vigilar el cumplimiento de la obligación de desembarque. Es, cree, hasta lógico que España, principal potencia pesquera de la UE, fuese uno de los primeros Estados en los que la Comisión realizó auditorías. Lo que ya no es tan inocente es que los resultados de ese examen realizado en el 2020, estén empezando a llegar ahora: «La Comisión está muy a favor de que los medios que se utilicen para comprobar que se está cumpliendo el veto a los descartes sean las cámaras a bordo y ese es uno de los elementos que se están considerando en el reglamento de Control; por tanto no es ocioso el pensar que el resultado de esas auditorías que se realizaron en el 2020 están llegando ahora porque han empezado la negociación en los trílogos».

Villauriz, que ya ha hablado con su colega francés y también está preocupado porque «es un asunto serio», apuntó que en estos dos meses que Bruselas ha dado para corregir las deficiencias aportará información sobre los nuevos pasos que se han dado para vigilar ese cumplimiento, como es el proyecto comunitario en el que España se ha embarcado para digitalizar todos los sistemas de control. Eso, a mayores de lo que ya se dijo a los auditores en su día: «España hizo modificaciones en el diario electrónico de a bordo (DEA) para contabilizar los descartes, cambios normativos para garantizar el veto a los descartes e incorporó «medios adicionales a los tradicionales, como drones, para controlar la obligación de desembarque». Ocurre que para la Comisión no es suficiente y se necesitan cámaras. «Nosotros tenemos otro punto de vista y tenemos que llegar a un punto en común», concluyó Villauriz, que no piensa, siquiera, en sanciones.

Clara Aguilera a la Comisión: «Si tengo que parar el barco, lo paro»

Precisamente para hablar de ese trílogo que acaba de empezar en la capital belga intervenía en el foro organizado por Acerga (Asociación de Armadores de Cerco de Galicia) la eurodiputada Clara Aguilera. La que lleva la batuta por el Parlamento Europeo dijo que no espera un texto definitivo «antes del verano que viene». La socialista no olvida el compromiso que adquirió con la bajura gallega de intentar eximir de geolocalización a la flota que no sale de las rías y conseguir una excepción del diario electrónico para los buques más pequeñas. En eso está, pero por si acaso su plan B es tratar que los fondos de pesca financien la adquisición de estos aparatos y dilatar la entrada en vigor de algunas medidas hasta el cuarto año después de su aprobación.

Ya no está convencida de que prospere esa ampliación al 10 % que se busca para el margen de tolerancia -diferencia entre lo anotado en el diario de pesca y lo descargado- en el caso de los pelágicos. Y en cuanto a las cámaras a bordo, cuestión de las más controvertidas, Aguilera cree que no va a prosperar esa obligatoriedad general que busca la Comisión, pero que rechazan Consejo y Comisión. Pero esta está instalada en no a cualquier flexibilidad. «Nos tiene un poquito cansados, la verdad. Yo lo que puedo asegurar es que no voy a dar el visto bueno a cosas imposibles y si hay que paralizar la negociación, se hace. Si hace falta parar el barco, lo paro», recalcó.