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Xunta y Estado negociarán sus «discrepancias» sobre las concesiones de las industrias del mar

Somos Mar REDACCIÓN/ LA VOZ

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La piscifactoría Tres Mares, en una foto de archivo, logró finalmente que el Gobierno accediese a renovar su concesión en Lires
La piscifactoría Tres Mares, en una foto de archivo, logró finalmente que el Gobierno accediese a renovar su concesión en Lires JANET GONZALEZ VALDES

Medio Ambiente y Mar consideran «un paso de boa vontade» que el Gobierno acepte dialogar

14 sep 2021 . Actualizado a las 04:47 h.

Dos informes jurídicos de la Xunta concluyen que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética sería «inconstitucional» porque introduce «una evidente eficacia retroactiva tácita», limitando prórrogas de las concesiones en zonas de dominio público marítimo-terrestre, donde se asientan empresas de la cadena mar-industria. En concreto, el actual artículo 20, antes el 18, así como la disposición transitoria única, sobre los cuales el Gobierno gallego «leva advertindo desde hai de dous anos». Ante la posibilidad de que se interponga un recurso de inconstitucionalidad, la Xunta y el Estado han acordado «iniciar negociacións para resolver as discrepancias».

«Con la finalidad de evitar» esa impugnación, la comisión bilateral de cooperación entre la Administración española y la gallega también ha acordado «designar un grupo de traballo para proponer (...) a solución que proceda», cumpliendo así una posibilidad recogida en la Ley del Tribunal Constitucional. De esos encuentros podrían salir una modificación de la controvertida normativa o, de no haber acuerdo, seguiría abierta la posibilidad del recurso.

Medio Ambiente y Mar, las consellerías del Ejecutivo de Núñez Feijoo más directamente implicadas, interpretan como «un paso de boa vontade a predisposición do Goberno estatal a dialogar e negociar sobre una normativa que afecta ao futuro das empresas afincadas no litoral de Galicia». Además de calificarlo de «positivo», lo consideran «trascendental, pois abre a porta a afondar» en los argumentos apuntados por la Asesoría Xurídica da Xunta y el Consello Consultivo cuando tildaron de «inconstitucional» la modificación de la duración de las concesiones. Desde el Gobierno de Feijoo se proponen «aclarar a inseguridade xurídica» que genera, «derivada da coexistencia de dúas normas que regulan» los plazos.