UGT ha pactado con la dirección del astillero, pero Comisiones Obreras y la CIG se han opuesto al expediente de regulación y avisan de que tomarán acciones judiciales
30 jul 2021 . Actualizado a las 00:17 h.Este jueves por la mañana, el astillero Barreras y el sindicato UGT han llegado a un acuerdo para aprobar el expediente de regulación temporal de empleo, que afectará a los 124 trabajadores de la factoría durante un año. CC.OO y la CIG se negaron a firmar, pero UGT cuenta con seis de los nueve miembros del comité y el ERTE ha salido adelante.
Poco antes de la reunión para la firma del ERTE, se convocó una asamblea de los trabajadores que representan las dos secciones sindicales en desacuerdo. Rafael Pérez, único representante de la CIG, manifestó que el plan que les presenta el fondo de inversión Oaktree —actual propietaria del astillero— «non ten percorrido» ni «acorda ningún futuro» para la factoría naval. Por el contrario, UGT valora el ERTE como «una herramienta eficaz para el mantenimiento de empleo en situaciones de falta de carga de trabajo».
Ramón Sarmiento, delegado sindical de CC.OO en el astillero, avisó de que se tomarán acciones judiciales para impugnar el ERTE: «Non se xustifica, xa que a inexistencia de carga de traballo está premeditada» por la propiedad. También exigen la devolución del crucero Ritz Carlton, que actualmente se encuentra en Santander, al astillero de Vigo cuando «baixe do dique, previsiblemente en outubro».
Las condiciones del ERTE, que entrará en vigor el 4 de agosto y terminará el 21 de julio del 2022, afectará a los 124 trabajadores que aún forman parte de la plantilla —algunos presentaron la excedencia voluntaria en los últimos días y se prevé que unos cuantos más lo hagan próximamente—. CC.OO y CIG tomaron la decisión de negarse «con ánimo de preservar os dereitos dos traballadores de Barreras» y porque los «lexitima para seguir disputando a volta do barco», según el delegado de Comisiones Obreras. Pero también basándose en la experiencia del anterior concurso de acreedores de la empresa, cuando la experiencia del ERTE resultó en que los trabajadores dejasen de cobrar, «ata o punto de que se lles pediu que renunciasen ás débedas se querían continuar en plantilla».
Sarmiento denuncia también la vulneración de los derechos que asisten a la representación de CCOO y CIG: «Turnos específicos para desvincularnos da plantilla nas horas nas que se producen as reunións e despidos». Uno de ellos es el delegado de la CIG, Rafael Pérez. Aseguran que la Inspección de Trabajo no les ha respondido, a pesar de que le han trasladado estas irregularidades, así como supuestas grabaciones ilícitas de reuniones. «Aquí hai xente que ocupa o estaleiro e pretende tomar as nosas decisións sobre que facer co cadáver que un tal Douglas Prothero [el consejero delegado destituido hace dos semanas] deixou en Beiramar», concluye Sarmiento.