«Nos obligan a destruir el marrajo como si fuese droga», denuncian armadores
SOMOS MAR
Transición Ecológica se niega ahora a certificar capturas en terceros países
13 jul 2021 . Actualizado a las 11:43 h.Ni comercializar para consumo directo, ni donar a centros benéficos, ni destinar a la fabricación de harinas de pescado... «La única alternativa que nos dan es pagar la destrucción total del pescado, asimilándolo a la droga o sustancias tóxicas», señala Juana Parada, gerente de la Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu). Es la nueva vuelta de tuerca que el Ministerio de Transición Ecológica ha dado en su cruzada para salvar al marrajo, una especie que Pesca permite capturar a la flota española, pero que, tras su inclusión en el apéndice II de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), debe acompañar de un certificado que expide Transición Ecológica si lo quiere vender. Y obtener ese documento es cada vez más difícil. Después de negarlo en el Atlántico norte y limitarlo en el resto de los océanos, ahora se lo escatima a aquellas capturas que los buques españoles realizan en aguas de terceros países con los que la UE tiene suscritos acuerdos de pesca.
Duras condiciones
Obtener el certificado CITES es imposible si se trata de marrajo capturado en el Atlántico norte. En esas latitudes, Pesca permite a los palangreros alijar por marea dos piezas, pero el departamento que dirige Teresa Ribera ha establecido un cupo cero para su comercio internacional, con lo que, o se consume dentro de las fronteras españolas, o poco más se puede hacer que devolverlas al mar.
Para el resto de los océanos (Atlántico sur, Índico y Pacífico), en los que no hay una cuota de pesca establecida, sí había un cupo de toneladas que Transición Ecológica estaba dispuesta a certificar. No daba para cubrir el volumen histórico de capturas, pero al menos no era un veto como el establecido para la zona norte del Atlántico.
Ese recorte por la vía comercial llevó a los palangreros de superficie afectados a pactar una especie de reparto informal y distribuir linealmente por barco el total establecido por el departamento de Ribera. Salían más o menos a unas 20 toneladas por buque en el sur del Atlántico y a unas ocho en el Pacífico.
Cuando aún estaban capeando esos atrancos, el Ministerio de Transición Ecológica ha cambiado de criterio y complicado todavía más la gestión de esta especie. Y de un día para otro, sin avisar, denuncian los armadores. Porque fue la semana pasada cuando los empresarios comenzaron a tener problemas con las capturas del sur del Atlántico y el Pacífico. No con todas. A las que provienen de aguas internacionales, España no les pone trabas y expide el certificado que permite su comercio internacional. Pero ese documento se niega a aquellos ejemplares que proceden de aguas de terceros países, en los que la flota gallega faena legalmente en el marco de acuerdo pesqueros de la UE con esos Estados. Transición Ecológica entiende que deben ser el país tercero el que expida el certificado CITES a las capturas que hace la flota española. Y esos Estados extranjeros desconocen que lo tienen que hacer, aparte de que carecen de capacidad e, incluso, de competencias para ello, apuntan desde Orpagu. Y lo peor de todo es que «en Aduanas nos dicen que ni siquiera así saben si podrían autorizar la entrada del producto», se queja Parada.
En definitiva, que en el puerto de Vigo hay ya unas diez toneladas preparadas para su destrucción. Y otras tantas están en camino dentro contenedores o alijadas en las bodegas de los barcos.
Otro descalabro económico por los bandazos de la Administración, aseguran.
Una interpretación que asimila esta especie marina a un elefante de Botsuana
La gerente de Orpagu cree que el problema que ahora ha surgido con el marrajo se deriva de que se está aplicando a esta especie marina una interpretación que puede ser válida para un elefante de Botsuana, donde es Gaborone la que debe certificar su exportación. Pero, cuando se trata de una especie pesquera, que toma el origen del país de bandera del barco no es tan sencillo.
Esos cambios de criterio e interpretación han encendido a los armadores. «Estamos hartos del acoso y derribo que está sufriendo esta flota, pero sobre todo estamos hartos de la falta de respeto con la que la Administración está tratando a un sector que ha demostrado su responsabilidad a todos los niveles», remacha Parada.
Porque lo que está haciendo es de todo menos sostenible. Y ya no solo biológicamente. «Lo que es intolerable es que nos obliguen a destruir un pescado legal y que se encuentra en perfectas condiciones como si fuese droga, obviando el hambre que hay en el mundo», señala el armador Miguel González Pérez, aludiendo al objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 2, que es el hambre cero.
Y es que «ni donarlo nos dejan», dice la gerente de Orpagu. «Disponemos de una licencia que nos permite capturarlo. Si no tenemos ningún otro documento, ni información que nos indique lo contrario, ¿cómo vamos a saber que debemos tirarlo por la borda? Es un sinsentido», apunta José Mauri Gómez, armador de Orpagu.
