Galicia negocia con el Gobierno la gestión de las competencias sobre todo el litoral
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La Xunta inicia los trámites para que le transfieran la responsabilidad integral y regular nuevos usos para construcciones en el dominio público
08 jul 2021 . Actualizado a las 09:16 h.La Xunta y el Gobierno de España han mantenido el primer contacto para explorar la posible transferencia de la gestión del dominio público marítimo-terrestre, concediendo así el control integral del litoral al Ejecutivo autonómico. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y la directora xeral de Ordenación do Territorio, Encarnación Rivas, se reunieron este miércoles con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la directora general de Costas, Ana Oñoro, y la sensación de las dirigentes gallegas es que hay «boa disposición» para conceder a Galicia la gestión de una franja estratégica de suelo que otras comunidades como Andalucía y Cataluña ya gestionan, mientras que Baleares y Canarias también han iniciado la misma tramitación.
En el caso gallego, la petición cuenta con el visto bueno de los tres grupos con representación parlamentaria (PP, BNG PSOE), que en marzo sellaron un pacto para tratar de recibir esta transferencia. Quedaron excluidos del acuerdo político los puertos de interés del Estado, el servicio de Salvamento Marítimo o la regulación de las titulaciones náutico-pesqueras, pero todo lo demás, es decir, desde el control del dominio público marítimo-terrestre hasta la investigación oceanográfica, pasando por las competencias sobre ordenación pesquera, van a ser reclamadas para la Xunta.
Vázquez, que está convencida de que ostentar esta competencia «é o mellor para Galicia», trasladó a los altos cargos estatales el conocimiento de la costa y las herramientas con las que ya cuenta el Gobierno gallego, como el Plan de Ordenación del Litoral, del 2011, y valoró como positivo que con esta transferencia se complete un proceso de traspasos que comenzó en 1985 y que, en cualquier caso, solo afectaría a la gestión de los terrenos, nunca a su propiedad.
A pesar de las limitaciones administrativas que tendría esta transferencia, el Gobierno gallego tampoco oculta que la gestión autonómica de esta franja de terreno —de unos dos mil kilómetros pegados a la costa en la que están asentadas cinco mil edificaciones— cambiaría el estado de algunas cuestiones que han generado polémica en los últimos años. Así, la titular de Medio Ambiente le trasladó al secretario de Estado la existencia de un catálogo elaborado por la Xunta en el que se identifican todos los inmuebles del dominio público marítimo-terrestre que tienen valor ambiental, patrimonial o arquitectónico. La propuesta autonómica pasa por hacer extensibles a estas construcciones las normas que rigen para los bienes de interés cultural (BIC), lo que facilitaría su protección, pero también posibles cambios de usos. De esta formase facilitaría la implantación de actividades económicas y se garantizaría salvaguarda el patrimonio construido. En concreto, la conselleira puso como ejemplo que el edificio de una conservera en desuso podría convertirse en un museo. O en un residencial, un hotel o un espacio para equipamientos, «unha revalorización que hoxe recibiría un informe negativo por parte de Costas», afirma Vázquez.
Apuesta por los usos turísticos
Detrás de la interpretación sobre lo que se puede hacer o no en los dominios públicos del litoral hay roces administrativos y judiciales que se arrastran desde hace tiempo y que también han salido a relucir en el encuentro telemático. De hecho, la Xunta manifestó su intención de seguir personándose en todos aquellos procedimientos que inicie el Gobierno central cuando este deniegue el cambio de usos de residencial a hotelero en construcciones asentadas en el dominio antes de la Ley de Costas cuando no se produce ninguna ampliación ni alteración de la estructura exterior. El último caso se refiere a una vivienda de Camariñas cuyos propietarios quieren destinar a casa de huéspedes, con licencia municipal, pero que el Ministerio para la Transición Ecológica recurrió ante el Supremo. La Xunta cree que estos cambios sí son autorizables atendiendo a sentencias del mismo tribunal que consideran que ambos usos no suponen una diferencia sustancial.