Bruselas cree «físicamente imposible» extraer el bivalvo que Portugal certifica

Los depuradores gallegos aún están digiriendo el mal trago de ver sus empresas invadidas por fuerzas del orden de Portugal y España en el marco de una macrooperación coordinada por Europol y Eurojust. Cierto que a sus negocios solo venían en busca de información fiscal y otras pruebas documentales que cargar contra la trama ilegal de venta de marisco no apto para consumo humano desmantelada al sur del Miño, pero las imágenes que se difundieron, con agentes de uniforme rebuscando y tomando notas, fueron de las empresas gallegas. «Xa basta de tratar de limpar a súa imaxe fora das súas fronteiras cando o problema téñeno dentro», revienta Roberto Fariña, presidente de la Asociación Galega de Depuradores (Agade), entidad en la que están integradas algunas de las inspeccionadas.

Por eso no han dudado en difundir el resultado de la auditoría rutinaria que la Comisión Europea ha hecho sobre el sistema de producción alimentaria en cuanto a los moluscos bivalvos vivos y que revela que Portugal tiene mucho que arreglar en casa. Aunque admite avances con respecto a la anterior revisión, Bruselas todavía detecta deficiencias en la clasificación de áreas de producción y, sobre todo, en el control de lo que llega al mercado.

«Hay indicios de que las almejas japónicas recolectadas en zonas prohibidas llegan regularmente al mercado», recoge el informe comunitario en sus conclusiones. Y tanto. Como que el equipo que inspeccionó el sistema comprobó que es «físicamente imposible» cosechar la cantidad de molusco que llega al mercado.

Informe de auditoría

«El diseño y la implementación actual del control oficial de los mariscadores con licencia y de los documentos de registro facilitan que lleguen al mercado cantidades de bivalvos muy superiores a las que son físicamente posibles de cosechar, lo que no garantiza la correcta trazabilidad de los moluscos, y eso representa un riesgo para los consumidores».

Los auditores lo comprobaron con dos documentos de registro emitidos por sendos mariscadores legales en el estuario del río Sado. Allí hay dos zonas de producción, una calificada como B -de la que puede salir marisco para depurar-, y otra cerrada por los altos niveles de contaminación fecal. En esta área de producción no hay un cupo de extracción fijado como, por ejemplo lo hay en las áreas abiertas a la producción en el estuario del Tajo -de 80 kilos por mariscador al día, según recoge el informe-. Sin embargo, los documentos revisados por los inspectores indicaban que uno había extraído 1.500 kilos y otro 3.516. «Los auditores consideran que es físicamente imposible para una sola persona extraer tal cantidad de bivalvo en un día».

Según el informe de Bruselas, la producción de moluscos bivalvos en Portugal es de 11.500 toneladas al año, de las que 9.500 proceden de la acuicultura y unas 2.000 se cosechan en bancos naturales. De esas, en torno a 250 son de almeja japónica. Es apenas un 10 % de lo que captura Galicia, la diferencia es que en Portugal son apenas 200 mariscadores y en Galicia superan los 8.000.

 Reproche de Bruselas

Y aunque ha habido mejoras, Bruselas también reprocha a Portugal que no tenga ninguna autoridad asignada para retirar del mercado el molusco recolectado entre el día en que se tomó la muestra y el que se confirman los resultados sobre los niveles de toxina. Y, además, entre esas jornadas pueden llegar a transcurrir hasta tres días.

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