Teresa Ribera acude a los tribunales para derogar el plan marisquero de Galicia
SOMOS MAR
Más de 8.500 productores de a pie y de a flote podrían quedar sin normas
20 may 2021 . Actualizado a las 04:40 h.De un tiempo a esta parte, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no para de meterse en jardines en Galicia. Lo ha hecho a cuenta de la protección del lobo, con la transición energética, con el veto a la comercialización del marrajo que pesca la flota gallega, al convertir en cuestión de cambio climático la duración de las concesiones en terreno de dominio público marítimo-terrestre.... Y no se ha detenido en el borde litoral. Ha dado un paso adelante, hasta meter los pies más allá de la orilla. Allí donde crecen almejas y berberechos, relós y cadeluchas. En el marisqueo.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la orden que aprueba el Plan Xeral de Explotación Marisqueira para el trienio 2021-2023, precisamente el primero con carácter plurianual en Galicia. Si ha acudido a los tribunales para tumbar el conjunto de normas pactadas entre las cofradías y la Consellería do Mar para regular la actividad en los bancos gallegos es porque considera que antes debería haber dado su bendición. Esto es, que para poder aprobar el plan marisquero, la Xunta tendría que haber solicitado un informe perceptivo y vinculante de la Dirección General de la Costa y el Mar, trámite que, hace ver Transición Ecológica, la Administración gallega no ha cumplido.
El departamento de Ribera basa su recurso tanto en la Ley de Costas como en la Lei de Pesca de Galicia, que hablan de ese informe obligatorio en caso de «declaración de zonas de interés para cultivos marinos, concesiones y autorizaciones» (la estatal) y para el «otorgamiento de las autorizaciones y concesiones» (la autonómica).
Pero Madrid parece que no entiende el gallego. Y si lo entendió, no atendió las alegaciones de la Consellería do Mar. Porque antes de entrar por la puerta del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Transición Ecológica envió un requerimiento a la Xunta para que derogase el plan marisquero por las buenas, sin tener que llegar a medirse en los juzgados. Y Mar expuso sus razones. Explicó que en esa orden no se otorgan zonas de explotación marisquera, ni autorizaciones, ni concesiones. Que lo único que se hace es marcar «un conxunto de normas e directrices destinadas a regular e programar a explotación sustentable dos recursos marisqueiros nas diversas zonas de explotación existentes». Por tanto, en su opinión, el informe previo de Costas no es necesario.
A fin de cuentas, lo que hace la orden publicada en diciembre pasado por Mar no es nada diferente de lo que se viene haciendo desde los años noventa del siglo pasado. Lo único que cambia es que, en lugar para un ejercicio, se han dado pautas para tres: este y los dos siguientes.
Y si antes no era necesario y de hecho ningún plan general fue recurrido, no se entiende que ahora se exija. Es más, a juicio del departamento de Quintana se trata de «unha inxerencia e un requirimento que entendemos inxustificados por parte do Goberno central».
Consecuencias
Esa batalla que Madrid y Galicia libran a nivel judicial puede tener consecuencias a pie de playa. Y es que la posibilidad de que se suspenda cautelarmente o Plan Xeral de Explotación Marisqueira -o lo peor, que se derogue, como persigue Transición Ecológica- «xeraría un baleiro legal na xestión e explotación dos recursos marisqueiros da comunidade ao deixar ao sector sen as regras que garanten unha actividade ordenada, sustentable e respectuosa co medio ambiente». Eso, sin contar, que se tiraría por tierra todo el trabajo de las cofradías y asociaciones de mariscadoras para elaborar los 94 planes de gestión que incluye el general.
¿Qué es el Plan Xeral de Explotación Marisqueira y a quién afecta?
El marisqueo tiene sus reglas. No se trata de bajar con un permiso de explotación a la playa y extraer bivalvos sin ton ni son. La actividad tiene unos horarios, tiene topes, tiene medidas técnicas, tiene reglas de uso de los aparejos, tiene prohibiciones... Y todo eso queda recogido en un Plan Xeral de Explotación Marisqueira, que recoge el esquema de trabajo diseñado para sus bancos por cada cofradía o agrupación del sector. Es una fórmula que se sigue desde los años noventa, casi antes incluso de la profesionalización de esta actividad. Se trata de un documento que recoge el pacto al que han llegado las cofradías y la Administración para explotar bivalvos, crustáceos y algas de forma sostenible y racional.
En el 2019, Galicia aprobó un nuevo decreto que convirtió en plurianual un trabajo que antes se realizaba cada ejercicio. Así, en lugar de aprobar año tras año el plan general marisquero, se dio una vigencia de tres años: del 2021 al 2023. El documento recoge 94 planes de gestión, diseñados por 63 cofradías y otras entidades, de los que 52 ordenan el marisqueo a pie, y 35, el a flote, además de incorporar otros siete mixtos. De ese total, 49 se corresponden con zonas marisqueras de la provincia de A Coruña, 41 en Pontevedra y 4 en la costa lucense.
En definitiva, si se anula, la incertidumbre judicial se cierne sobre unas 3.700 personas que se dedican al marisqueo a pie, en su mayor parte mujeres (74 %) y a unos 5.000 productores que se dedican al marisqueo a flote.