La Ley de Cambio Climático nace con un texto que sigue acortando las prórrogas en el borde litoral

La Ley del Cambio Climático que ayer alumbró el Congreso de los Diputados llegó finalmente al mundo con los cambios que introdujo Ciudadanos en el Senado para asegurarse de que el polémico artículo sobre las concesiones de ocupación en terreno de dominio público marítimo-terrestre -el 18 cuando el texto era un proyecto y el 20 ahora que ya es ley- no tuviese carácter retroactivo y de esa forma pudiese afectar a las prórrogas ya concedidas.

Pues muy bien, es una redacción que «non fai mal», como expuso el diputado del BNG Néstor Rego. Un recurso de inconstitucionalidad -el que ya había anunciado la Xunta- que se ahorra. Pero el texto acordado no resuelve el problema ni disipa la incertidumbre de todas aquellas empresas de la cadena mar-industria alimentaria que están asentadas en terreno del litoral y que, en breve, tengan que solicitar una ampliación del título de ocupación para seguir trabajando.

«Una industria conservera que abriese sus puertas en los años sesenta, ¿sabe cuándo tendría que cerrar con este artículo? Se lo digo yo: dentro de 14 años. Eso es lo que han conseguido: que se cierre la industria costera», dijo el popular Guillermo Mariscal, culpando exprofeso a Carmen Martínez (C's) y a Rego. A este último le devolvía así el reproche que hizo al PP -y al PSOE- por haber tumbado la enmienda transaccional que el Bloque planteó para dejar a la industria del mar al margen de ese artículo. En su opinión, ese rechazo deja claro que lo que interesaba a los populares era proteger a Ence y, de paso, engrasar las puertas giratorias.

Despachos en Madrid

Debate político al margen, en la Confederación Mar-Industria Alimentaria no están dando saltos de alegría. En primer lugar, porque mantienen que «se está reformando un punto crucial de la Ley de Costas desde una oficina de Madrid», expone su secretario general, Fernando Otero. Y además, en un marco legislativo que no es el adecuado -el cambio climático-, con la excusa de salvarlos por «si algún día suben las aguas y se anega alguna de nuestras instalaciones», un argumento que ayer repitió la socialista Helena Caballero en el pleno.

Pero aunque lo dispuesto en el artículo 20 sobre las concesiones no se pueda ya aplicar a las todavía vivas, sigue recortando indirectamente la duración de las prórrogas extraordinarias futuras, «al empezar a computarlas no desde el día que se solicite esa ampliación, sino desde el día 1 de la concesión inicial, por lo que se le descontarán los años ya disfrutados». Es decir, que consagra el hecho de que concesión y prórroga no pueden superar los 75 años.

A juicio de Otero, eso supone aplicar en terreno de Costas otra ley «también ajena, como es la de Patrimonio de las Administraciones Públicas». En definitiva, que un «sector potente y vertebral de Galicia» continúa con la espada de Damocles sin esa estabilidad jurídica que reclaman para seguir invirtiendo en la comunidad.

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