El peligro en ciernes de los peajes en las carreteras


El anuncio de la futura implantación de peajes también en la red estatal de autovías e incluso vías secundarias es un nuevo motivo de especial preocupación para el sector mar-industria alimentario gallego.

Y lo es porque estamos ante una decisión que incrementará un coste muy difícilmente repercutible so pena de minar nuestra competitividad, en un sector y en una comunidad que por sus propias circunstancias están condenados a un uso masivo y particularmente continuo especialmente de las autovías, en ausencia de una red secundaria capaz de soportar con un mínimo de seguridad la huida de transporte comercial que acarrearía (como ocurrió en Portugal con el plan de rescate, donde en los tres primeros meses las autovías perdieron 3,5 millones de usuarios).

Una tormenta perfecta, resultado de la concurrencia de infinidad de factores: Galicia aúna su lejanía de los grandes mercados (los 165 kilómetros en línea recta entre O Grove y la frontera con Castilla-León pasan a 270 por carretera) con una orografía difícil; una red secundaria estrecha, sinuosa, insegura y jalonada de núcleos de población; dispersión extrema de los puntos de producción mar alimentaria, desde los que el producto debe ser transportado a los centros de depuración y elaboración para distribuirse luego, a menudo en fresco, lo que además impone transportes diarios, que hoy ya están eficientemente agrupados pero que siempre van a tener que llegar al punto de carga; y parte de su producción con márgenes muy escasos, susceptible por tanto de quedar fuera de un mercado cada vez más competitivo, con grandes productores europeos a las puertas de nuestros mercados tradicionales.

Consecuencias: caída de competitividad; castigo de la periferia y el rural en beneficio de las grandes urbes; contradicción con las directrices europeas y el discurso gubernamental sobre el reto demográfico y la cohesión interterritorial; y duplicidad fiscal al gravar el kilometraje además del gravamen por kilómetro de las autopistas y los impuestos de carburantes. Y sin justificación ambiental creíble, pues la estampida a una red secundaria previsiblemente más barata multiplicaría las distancias recorridas, y la alternativa aérea y marítima es tan inoperante a escala nacional como insostenible económica y ambientalmente.

En suma, apelamos al buen sentido y reclamamos la reconsideración de una medida de consecuencias impredecibles para un sector tan estratégico como el mar alimentario.

Por Fernando Otero Lourido Secretario general de la Confederación Mar Industria Alimentaria

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