Patrocinado porPatrocinado por

Navantia tiene que integrar en su plantel a una técnico despedida de una auxiliar

SOMOS MAR

La demandante prestaba servicios como técnica de medioambiente en el astillero de Fene
La demandante prestaba servicios como técnica de medioambiente en el astillero de Fene JOSE PARDO

La demandante prestaba servicios como técnico de medioambiente en el astillero de Fene

05 may 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

El Juzgado de lo Social 1 de Ferrol ha dictado una sentencia condenando a Navantia y a Applus Norcontrol, como empresas cesionaria y cedente, respectivamente, por cesión ilegal de trabajadores. El fallo declara nulo el despido de una técnica que estaba contrataba por la auxiliar y obliga a la compañía pública a la readmisión inmediata de la demandante con la condición de trabajador indefinido no fijo. Además, condena a ambas empresas a abonarle los salarios que dejó de percibir, y a Applus Norcontrol a indemnizarla con 6.251 euros por daños morales. Por su parte, la trabajadora tendrá que devolver las cantidades que le fueron abonadas como indemnización.

La demandante había firmado un contrato de trabajo indefinido con Applus Norcontrol en enero del 2017 y prestaba servicios en Navantia-Fene, tras haber participado en un proceso de selección para el puesto de técnico de medio ambiente. En octubre del año pasado, la empresa le comunicó la extinción del contrato «por causas objetivas de naturaleza productivas y organizativas». Unos días después, la trabajadora presentó papeleta de conciliación en el SMAC y no hubo avenencia, por lo que acudió a la vía judicial, representada por el abogado Jesús Porta Dovalo. En la demanda se hizo constar que la trabajadora prestaba servicios en las instalaciones de Navantia, siguiendo las instrucciones y órdenes que recibía día a día de personal de la empresa pública, que también era el que supervisaba su trabajo y le entregaba parte del material. Applus Norcontrol tenía contratado con Navantia servicios de gestión medioambiental, pero la compañía pública le había comunicado unos días antes del despido de la trabajadora la extinción del pedido. El juzgado estima que hubo cesión ilegal de trabajadores y el abogado Porta Dovalo apunta que este fallo «viene a confirmar lo denunciado por los sindicatos sobre la subcontratación y la ilegalidad en que se encuentran muchos trabajadores, dado el abuso en las contratas y la externalización de servicios».