El Senado varía la ley que podía alterar la duración de las concesiones de Costas

El Congreso decidirá ahora si acepta respetar las prórrogas extraordinarias

La piscifactoría Tres Mares, en una foto de archivo, logró finalmente que el Gobierno accediese a renovar su concesión en Lires
La piscifactoría Tres Mares, en una foto de archivo, logró finalmente que el Gobierno accediese a renovar su concesión en Lires

redacción / la voz

Poco más que un tiempo verbal basta para reformar el controvertido apartado de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que trae en jaque a las empresas asentadas en la costa gallega. Con 143 votos a favor, 104 en contra y 11 abstenciones, el Senado ha aprobado la modificación del artículo dedicado a «la consideración del cambio climático en la planificación y gestión del dominio público marítimo-terrestre». El proyecto legislativo volverá ahora al Congreso, donde decidirán si aceptan la reforma que daba pie al Gobierno a alterar la duración de las concesiones sin necesidad de acudir a los tribunales. De momento zanja el posible carácter retroactivo del apartado que limitaba a 75 años las ya concedidas, contando las prórrogas extraordinarias, y ese tiempo máximo solo regiría para las que se otorguen cuando entre en vigor la nueva ley.

Varía el punto 4 del anterior artículo 18, que ahora es el 20. El Congreso aprobó el texto original del Ministerio de Transición Ecológica, según el cual los plazos computan desde el inicio de la concesión, incluyendo prórrogas, «siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados en incumplimiento» de la Ley de Costas de 1988. Esa norma ponía el contador a cero y, a partir de ese año, establecía un máximo de 30 años, prorrogables por otros 30, para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Cambió en el 2013, cuando el Estado abrió la posibilidad de prolongar las concesiones existentes otros 75 años, que es el tope para las nuevas.

Con la primera redacción de la ley ahora en proceso de aprobación, cabría la posibilidad de actuar legalmente contra esas prórrogas extraordinarias. Ya no, si el Congreso refrenda el acuerdo del Senado, porque la enmienda promovida por Ciudadanos en la Cámara Alta establece que serán «nulos de pleno derecho los actos administrativos que se dicten tras la entrada en vigor» de la Ley de Cambio Climático, no antes.

Tanto la Asesoría Xurídica de la Xunta como el Consello Consultivo de Galicia concluyeron que la redacción original era inconstitucional porque podría aplicarse con carácter retroactivo sobre la duración de las autorizaciones y las ampliaciones. Con esos informes, el Gobierno gallego anunció que recurriría ante el Tribunal Constitucional esos dos artículos si el Ejecutivo nacional persistía en su propósito. La Confederación Mar-Industria tampoco lo aceptaba porque, entre otras razones, compartía con la Xunta que suponía una amenaza para más de un centenar de empresas asentadas cerca de la costa, creando inseguridad jurídica y retrayendo inversiones. El Gobierno central y sus representantes en Galicia negaron en todo momento el carácter retroactivo de la Ley.

El caso de Ence en la ría de Pontevedra

Ahora en la Audiencia Nacional, la concesión de la celulosa de Ence en la ría de Pontevedra ha sido uno de los detonantes de la controversia sobre la retroactividad de la norma y, también, de sus posibles consecuencias sobre la deslocalización de empresas y el empleo. Al amparo de las prórrogas extraordinarias auspiciadas por la Ley de Costas del 2013, en el 2016 se le prorrogó la concesión hasta el 2073, sumando años a los que ya tenía. La ampliación la recurrieron la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra, el Concello de Pontevedra y Greenpeace, que pide que se anule. El caso está judicializado porque se cuestiona la prórroga concesional.

«Despexar sombra de dúbida»

Fernández Leiceaga, coordinador de los senadores gallegos del PSOE en la Cámara Alta, confirma que apoyaron la enmienda de Ciudadanos para «despexar calquera sombra de dúbida» sobre la retroactividad de la Ley de Cambio Climático. Reprochando al PP por no respaldarla, asegura que los socialistas «sempre dixemos que somos aliados dos sectores industriais vencellados á pesca e ao mar». Ahora que «só poden ser nulos de pleno dereito os actos posteriores á lei cando se superen os prazos fixados polas normativas de Patrimonio e Costas», cree que el sector mar-industria «pode ter total tranquilidade».

«A ilegalidade máis flagrante»

La modificación del Senado «elimina a ilegalidade máis flagrante que introducía a redacción orixinal», sostiene la Consellería do Mar, que con la Consellería de Medio Ambiente ha intentado en todo momento frenar lo que consideraron una modificación de la Ley de Costas por la puerta de atrás. «Congratulámonos de que as análises xurídicas realizadas por Galicia foran quen de facerlles ver ese factor de inconstitucionalidade e de que rectificasen», añaden desde la consellería que preside Rosa Quintana.

Aun así, como el Gobierno central «segue ignorando unha parte dos argumentos expostos pola Asesoría Xurídica da Xunta e polo Consello Consultivo», anuncia que seguirá «analizando» la Ley de Cambio Climático porque «modifica a Lei de Costas».

«Non imos parar ata frear a pretensión do Goberno central de reducir os prazos das concesións en dominio público marítimo-terrestre pola porta de atrás, sen diálogo co sector», subrayan desde Mar. Todo porque, de no hacerlo, la Xunta dice que «suporía poñer en risco a máis dun cento de industrias asentadas no litoral, así como a outras 5.000 edificacións situadas en primeira liña de costa», además de dar pie al cierre o a la deslocalización de empresas «pola inseguridade xurídica e a incerteza que xera para realizar investimentos».

Inseguridad a toda costa

E. Abuín

El cambio de criterio en la prórroga de concesiones y la reforma del reglamento de Costas atemorizan al sector

En la costa gallega han saltado todas las alarmas después de que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar supeditase al derribo de parte de la factoría la continuidad de una empresa de Boiro sobre terreno del dominio público marítimo-terrestre. Decenas de industrias asentadas en la ribera temen seguir su estela.

Depuradoras y cocederos, con tubos de captación invadiendo lo público, son los más recelosos. Pero también conserveras y frigoríficos se han puesto en guardia. Y piscifactorías, pues a una de ellas, en Cee, solo le han garantizado su continuidad por un año más. La cadena mar-industria se rebela contra la inseguridad jurídica que se está generando en un sector que, según el informe Ardán 2019, es el tercer motor productivo de Galicia en el ránking por valor añadido, con un 10,5 % del total.

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