La Xunta pleiteará con el Gobierno por impedir viviendas turísticas en la costa

Interpreta que sí se pueden cambiar usos en zonas de protección


santiago

El Gobierno de España y la Xunta de Galicia no se entienden en los últimos tiempos en lo que se refiere a la gestión de la costa, pero el disenso viene de atrás, mucho antes de la reciente aprobación de la Ley de Cambio Climático que la Administración gallega considera lesiva para los intereses industriales asentados en la franja marítimo-terrestre.

El precedente, que va a dar el salto a la Justicia administrativa, tiene en realidad que ver con la normativa estatal de Costas, aprobada en el 2013, con el PP en el poder. El texto, que modificaba el de 1988, fue muy polémico en Galicia porque no terminaba de resolver la situación legal de miles de viviendas junto al mar fuera de ámbitos urbanos consolidados. Aquellas inseguridades que generaron las nuevas delimitaciones de los dominios públicos, las zonas de servidumbre y de protección tienen ahora su versión 2.0, porque entonces no se valoró un fenómeno relativamente reciente como el de las viviendas turísticas (unas 11.500 registradas en Galicia), amplificado por las plataformas digitales globales.

Desde el 2019, cuando la petición de licencias para este tipo de usos se disparó exponencialmente, el Gobierno de España ha taponado las solicitudes para convertir una vivienda residencial en turística si esta se encuentra sobre el dominio de protección público marítimo-terrestre, y poco ha importado si los concellos le daban el visto bueno al proyecto o si este estaba avalado por la Xunta.

La interpretación del Ejecutivo, ya con Pedro Sánchez a la cabeza y con estas competencias derivadas al Ministerio para la Transición Ecológica, es que el cambio de usos —de residencial a turístico— no está permitido en las áreas que define la Ley de Costas, con una influencia que va desde la línea del mar hasta cien metros hacia el interior, una franja que incluiría a unas 12.500 viviendas que se identificaron como descolgadas de los planes urbanísticos. «Sin duda, la Xunta conoce bien lo que establece la Ley de Costas a este respecto», aseguran desde el departamento dirigido por Teresa Ribera, que acaba de presentar un recurso contencioso administrativo contra una licencia que cuenta con el beneplácito municipal y autonómico porque cumple con el requisito de no alterar el volumen, la altura o la superficie de la construcción, cuestión que queda muy clara en la ley y que ninguna parte pone en cuestión.

El último caso, en Camariñas

El Ejecutivo gallego solo discrepa en las limitaciones al cambio de uso, de ahí que vaya a personarse en el último caso detectado, que afecta a una vivienda en el municipio de Camariñas. Sus propietarios han pedido permiso para renovar una propiedad para convertirla en una casa de huéspedes, esto es, una vivienda en la que viven sus propietarios y que acoge a usuarios por días.

Para la Consellería de Medio Ambiente, se trata de un mal «precedente» que enmarcan en la «política de ataque ás construcións do litoral», extendiendo la polémica a la situación en la que han quedado decenas de empresas asentadas en la costa. Desde el departamento liderado por Ángeles Vázquez han decidido elevar estas diferencias a los tribunales «co fin de defender o seu criterio interpretativo no exercicio das súas competencias» en materia de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.

La Xunta reconoce que la ley prohíbe expresamente las nuevas edificaciones para usos residenciales y hoteleros, pero no las reformas de las existentes cuando no impliquen aumento de volumen, altura o superficie. Ante «diversas consultas formuladas por diferentes concellos y particulares», le pidió al Gobierno en el 2019 un pronunciamiento expreso sobre el posible cambio de uso sin alteraciones externas «que nunca foi contestado».

 Un criterio único para no construir y evitar abandonos

La baza judicial de la Xunta es una sentencia del Tribunal Supremo en la que se equiparan los usos residenciales y hoteleros a los efectos de regulación de la costa, hasta el punto de que no puede considerarse un cambio de uso, «porque as edificacións hoteleiras, calquera que sexa o seu réxime de explotación, están destinadas a residencia». Para el Ministerio para la Transición Ecológica, la posibilidad de abrirse a los usos turísticos «no es una cuestión de criterio». En las propiedades que están en esas franjas de afectación costera «únicamente caben las obras de reparación, consolidación y modernización sin otro uso que el de vivienda, estrictamente».

La Xunta, en cambio, más allá de la resolución legal del contencioso, cree que se trata de apostar por la recuperación y puesta en valor del patrimonio construido en los núcleos del litoral, «o que é vital para que non perdamos unha parte importante da nosa identidade», una filosofía que está recogida en la Lei do Solo de Galicia, del 2016, que incluye una regulación específica para las edificaciones tradicionales permitiendo su rehabilitación y reconstrucción y que da luz verde a los usos residenciales, terciarios o productivos, así como a actividades turísticas, artesanales y pequeños talleres y equipamientos.

En ese punto, la Xunta concuerda con el Gobierno central y con la normativa de Costas en que se debe evitar que se continúe ocupando el territorio, pero sostiene que se deben alentar la implantación de usos en edificios ya existentes. «Galicia ten un valiosísimo patrimonio construído ao longo do litoral cunha ocupación tradicional que en nada ten desvirtuado a protección do dominio público. O ten potenciado e é un claro reflexo da relación da cidadanía coa explotación racional dos recursos marítimos e pesqueiros sen supoñer en absoluto unha ocupación desvirtuada», argumenta Medio Ambiente.

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